La Generalitat pleiteará consigo misma para garantizar que Acciona se queda ATLL

La paradójica privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) ha llegado al extremo de que la propia Generalitat presentará un contencioso administrativo contra la resolución de un organismo que depende del departamento de Presidència.

Concretamente se trata de la polémica decisión del Órgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) que considera inválida la oferta que presentó el consorcio empresarial liderado por Acciona en la privatización de la empresa pública que suministra el agua a los municipios catalanes. El organismo público considera que no se ajusta a los requisitos del pliego de condiciones, por lo que está excluida del proceso. Sin embargo, el Govern mantiene que Acciona aún es el responsable del servicio.

Confianza en los funcionarios

Para rizar más el rizo, ha sido el propio conseller de Presidència, Francesc Homs, quien ha anunciado este jueves la decisión del Govern de CiU. Alega que el Ejecutivo “mantiene la confianza” tanto en los técnicos del departamento de Territori i Sostenibilitat y Economia i Finances que tutelaron el concurso público, como en los empleados públicos del OARCC.

“Este es un tema que tendrá que decidir el Tribunal de lo contencioso, no el Govern”, añade la mano derecha del President, Artur Mas. Aclara que sólo anularán la concesión si así lo decide el juez como medida cautelar.

Resolución vinculante

Con todo, la decisión de llevar la resolución del OARCC a los tribunales es política. Todos los documentos que salen de esta institución constituyen decisiones vinculantes. “Tiene carácter ejecutivo”, admite Homs.

Mientras el tribunal no toma ninguna decisión al respecto, el consorcio de Acciona será el encargado de gestionar el servicio del agua del grifo de unos cinco millones de catalanes del Área Metropolitana de Barcelona y su zona de influencia. La decisión que fuentes del mercado consultadas por Economía Digital tachan de “ilegal” y que el propio socio de Mas en esta legislatura, ERC, considera “curiosa”.

ERC apoya la opción “menos lasciva”

El entorno del líder republicano, Oriol Junqueras, asegura a este medio que mantiene su postura crítica respecto a la idoneidad de privatizar un servicio público esencial como es el que presta ATLL. Pero justifica al Govern al considerar que la alternativa de anular la adjudicación es “demasiado lasciva” para las arcas públicas de la Generalitat.

Esperan a la comparecencia que han solicitado los partidos de la oposición (PSC, PP, ICV-EUiA y C’s) para tener “más información” sobre el proceso. Tendrán que dar la cara en el Parlament el actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila (que aterrizó en el departamento horas después de que el secretario en funciones, Pau Villòria, firmara la concesión); el anterior responsable de esta cartera e impulsor del concurso, Lluís Recoder; el presidente de ATLL antes de su privatización y director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Leonard Carcolé; y el presidente del Área Metropolitana de Barcelona y alcalde de la Ciudad Condal, Xavier Trias.

Sin inseguridad jurídica

Homs niega de forma tajante que la resolución del órgano público de mediación genere inseguridad jurídica en Catalunya y espante a inversores potenciales en futuras privatizaciones de la Generalitat. Según su punto de vista, ofrece más “garantías” a estos procesos.

Tampoco estima necesario esperar a las resoluciones de esta institución antes de resolver cualquier concurso público (y cobrar el cánon estipulado). Afirma que el fiasco de la adjudicación de ATLL es un contratiempo más de los que suelen surgir en cualquier privatización que se disputan varias empresas.

Aunque esta vez el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictaminado a favor del rival de Acciona en el proceso, Aigues de Barcelona (Agbar). Ha sucedido en varias ocasiones, antes incluso de firmar el contrato. Este hecho enrarece aún más el proceso de privatización según varias fuentes empresariales consultadas.

Garantías del presupuesto

El conseller de Presidència afirma que no está en peligro el cierre del ejercicio 2012. Esta concesión permitió ingresar 299 millones de euros a las maltrechas arcas catalanas y borrar 1.000 millones del capítulo de deuda ordinaria de la Generalitat, cantidad equivalente al total del cánon de concesión que se pagará en los próximos 50 años.

Si finalmente el tribunal catalán ratifica la decisión del OARCC, el Govern tendrá que devolver el primer tramo del pago del servicio a Acciona. Podría usar el abono que le hiciera Agbar si finalmente decidiera adjudicarle la gestión de ATLL, ya que la gestora de aguas presidida por Ángel Simón estaría en disposición de pagar esta cuota, según fuentes empresariales. Pero queda en el aire otra cuestión: ¿Quién asumiría los daños y perjuicios que Acciona ya ha anunciado que reclamará?

De hecho, el mercado parece saludar la firmeza de Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales, que ya ha advertido a la Generalitat que reclamará el perjuicio que un cambio pudiera suponerle. La acción de la compañía subió ayer un 2% en bolsa tras conocerse la posibilidad de que pierda la concesión.