Orihuela amenaza a Cataluña con una nueva batalla por patrimonio al estilo del ‘caso Sijena’

El ayuntamiento defiende que la sentencia del Tribunal Supremo por las obras de arte aragonesas da "más fuerza" al municipio alicantino para recuperar su "acta fundacional"

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, en una fotografía oficial / Ayto. Orihuela

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Un nuevo elemento patrimonial histórico amenaza con abrir un nuevo litigio por su posesión. La Generalitat de Cataluña tiene en su colección de a Biblioteca de Cataluña el ‘Llibre del Repartiment’, una pieza del siglo XIII clave para la ciudad de Orihuela, que es su «acta fundacional».

En una misiva, el ayuntamiento de Orihuela ha dado tres meses a la Generalitat para que devuelva esta seña de identidad ‘oriolana’ a su ciudad natal, antes de emprender acciones legales para recuperarla. Un litigio que recuerda al ‘caso Sijena’ entre Aragón y Cataluña, y cuya sentencia del Tribunal Supremo podría jugar un papel importante en este nuevo caso.

El concejal de Patrimonio Histórico de la ciudad alicantina, Rafael Almagro, asegura a Economía Digital que la sentencia «pone un nuevo vector en todo este asunto». La decisión del Tribunal Supremo que obligó a la Generalitat a devolver las obras de arte originales del municipio aragonés de Sijena abre una ventana de oportunidad: «Nos sentimos con mucha más fuerza».

Un larga demanda, de momento infructuosa

El ayuntamiento lleva intentando infructuosamente que este documento vuelva a manos oriolanas desde 1931. El manuscrito fue sustraído de la ciudad en 1907, y reapareció en Barcelona de manos de un anticuario hasta que fue vendido a la Diputación de Barcelona. Hoy en día se conserva en la Biblioteca de Cataluña.

Esta joya medieval es uno de los símbolos de la ciudad, conjuntamente con con el Glorioso Estandarte del Oriol, la bandera de la localidad alicantina. Los intentos para recuperar esta joya del patrimonio de Orihuela han sido infructuosos hasta hoy, aunque la vía judicial y el desenlace de años de litigios de Aragón para recuperar su patrimonio podrían hacer que su suerte cambiara.

«No sé que sentido tiene que tengan el libro donde se hizo el reparto de tierras de Orihuela a finales del siglo XIII», lamenta Almagro. El concejal responsable del patrimonio local recuerda que el «acervo histórico» de este valioso documento se vive en su municipio, y que no tiene sentido que la obra permanezca en Cataluña.

Sobre el papel de la Generalitat Valenciana, ha asegurado que la consellería de Cultura todavía no se ha pronunciado, aunque atribuye el silencio a que «quieren hacer las cosas bien». Para Almagro, la mejor solución sería que ambas administraciones autonómicas, con el beneplácito municipal, llegaran a un acuerdo amistoso que permitiera desencallar la situación.

«A Cataluña no le interesa un frente de confrontación con su vecina Valencia. Si se da una solución de entendimiento pues yo creo que será beneficioso para todas las partes«, defiende el concejal oriolano. Aunque en el peor de los casos, no le da miedo que se abra un litigio legal que podría durar años: «Algún día tiene que ser el primero».

Otro litigio patrimonial: el ‘caso Sijena’

El caso recuerda al largo litigio entre Cataluña y Aragón por las obras de Sijena. El gobierno aragonés aseguraba que estas obras, vendidas por la Orden de San Juan de Jerusalem en Valldoreix –que regentaban entonces el monasterio aragonés–, estaban en régimen de cesión, mientras que la Generalitat defendía la adecuación de las obras.

Una decisión de la Audiencia de Huesca obligó a repatriar los tesoros, el Tribunal Supremo dirimió que estas debían quedarse en Sijena. En una sentencia de 130 páginas, donde se reconoció la complejidad del caso, estableció que la Orden de Sant Joan no era apta para vender las obras.

La entidad jurídica que formalizó la venta –la Real Orden del Monasterio de Sant Joan de Jerusalem de Valldoreix– era una entidad distinta a la propietaria efectiva de las obras religiosas de arte –la Real Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Sijena–. El juzgado determinó que tenían “una personalidad jurídica independiente”.

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