Las residencias públicas tienen un coste 53,7% superior a las privadas

La Sindicatura de Comptes acaba de publicar una fotografía fija sobre la red de centros públicos y privados concertados del sistema en el que asegura que el coste corriente por día de los centros de titularidad pública es un 53,7% superior al coste medio de las plazas concertadas en los centros privados y un 28,9% superior a los centros de gestión indirecta o integral. Además, considera que las ratios mínimas de personal “no se consideran suficientes” para proporcionar un servicio de calidad.

La auditoria presenta una imagen de la red de residencias, a 31 de diciembre de 2018, integrada por 198 centros con un total de 11.742 plazas, de las que sólo el 33%, 3.886, pertenecían a centros de titularidad pública, 5.038 correspondían a plazas concertadas en centros de titularidad privada y 2.818 a plazas municipales y de instituciones sin ánimo de lucro. Con estos números, la Comunitat Valencian se sitúa por debajo de la medirá nacional en todos los servicios asistenciales, según la Sindicatura de Comptes.

En cuanto al coste medio por plaza y día, en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 ascendió a 58,2, 56,8 y 56,4 euros respectivamente. De acuerdo con la estimación realizada, el coste corriente por plaza y día de los centros de gestión directa es significativamente superior al coste medio de las otras modalidades de gestión. En concreto, un 40,5% y un 53,7% superiores respecto al coste medio de las plazas concertadas en los centros privados, y un 22,6% y un 28,9% superiores al coste corriente medio de los centros de titularidad de la Generalitat pero de gestión indirecta o integral para el periodo 2016-2017.

283 días de retraso

El estudio, hecho público esta semana, señala también un retraso de 283 días de plazo medio entre la presentación de una solicitud de preferencia del servicio de atención residencial hasta la emisión de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA). El retraso en los plazos, se produce, según explica la Sindicatura, por la “falta de plazas disponibles”, ya que no es posible aprobar el PIA correspondiente antes de que exista una vacante en alguno de los tres centros solicitados por los usuarios.

Además, la auditoria pone de manifiesto que las personas en lista de espera del sistema de la dependencia en 2018 aumentó en un 40,3%. Para la Sindicatura, la Generalitat debería realizar un “el esfuerzo económico” para eliminar la lista de espera que cifra en 52,1 millones de euros, aunque esta cantidad habría que elevarla al añadir el coste derivado de la construcción y dotación de las residencias necesarias en gestión directa e indirecta.

Las críticas de la Sindicatura

Otro de los aspectos que analiza la Sindicatura se refiere a la calidad de la atención residencial y en este sentido la nota tampoco es muy buena. Así el informe señala que “las ratios mínimas de personal de atención directa no se consideran suficiente para proporcionar un servicio de calidad”.

En este sentido, la institución advierte a la Conselleria que debe solucionar todas las incidencias derivadas de la gestión de personas, vacaciones, bajas y coberturas de plazas vacantes “para evitar que se produzcan disfunciones que influyan en la calidad del servicio que se tienen que prestar a los usuarios”.

Por otro lado, la Sindicatura ha criticado que los requisitos de infraestructuras de algunos centros “no exigen su uso hospitalario”, entre otras cosas porque se establecieron con legislaciones anteriores a las actuales, por lo que “no se cumple con los requisitos estructurales mínimos establecidos en la legislación actual”. Por esta razón, la Sindicatura solicita a la Conselleria que “todos los centros tendrían que adaptarse progresivamente a los requisitos y estándares de calidad exigidos por la normativa actual para llevar a cabo una gestión más eficiente”.

Según la Sindicatura, este estudio pretende que las Administraciones “provean del mayor número de plazas posible la red de centros residenciales públicos y privados concertados y garantizcen así una calidad del servicio adecuada para asegurar una buena atención y un trato digno a los mayores, con especial atención a los aspectos sociosanitarios.”