Las denuncias por ocupación crecen un 29,6% en Valencia en seis meses

Los partidos políticos poco a poco despiertan de su letargo veraniego y van señalando algunas de las preocupaciones y prioridades de cara a este curso que iniciamos. Entre las iniciativas que más interés está despertando estos días se encuentra la lucha contra la ocupación ilegal de vivienda que, según ha afirmado la portavoz del Partido Popular en Valencia, Mª José Catalá, ha visto como se incrementaban las denuncias durante los últimos meses llegando a crecer un 29,6% en el primer semestre del año.

Ante esta situación, el PP de la ciudad de València ha propuesto la creación de una Oficina Antiokupas de asesoramiento para los vecinos y comunidades de propietarios que sufran la ocupación de sus viviendas.

Los últimos datos conocidos desde la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) contabilizaba casi 1.300 viviendas públicas que habían sido ocupadas. A esta cifra se tendría que añadir la ocupación de las propiedades privadas en un periodo donde la situación ha empeorado desde el estado de alarma cuando se ha evidenciado un repunte respecto a los meses anteriores por el menor control de las viviendas.

Por otro lado, las denuncias por ocupación durante el primer semestre de 2020 han crecido un 29,6% en la provincia de Valencia respecto al primer semestre de 2019, pasando de 257 a 333 denuncias. En la Comunitat Valenciana, ese incremento ha sido del 14,1% mientras que a nivel nacional se ha producido un incremento del 5,03%, según explicó la portavoz popular.

Unos datos que María José Catalá ha considerado “muy preocupantes” y que por el número de población y viviendas, “nos hacen dilucidar que en gran medida el aumento de las ocupaciones en la provincia se hayan producido en Valencia”. Por esta razón, la portavoz popular ha explicado que va a solicitar una reunión con la Delegada del Gobierno para conocer el alcance de las ocupaciones en la ciudad.

No a los empadronamientos

Por otro lado, en el Congreso de los Diputados se ha pedido “recupera el delito de usurpación de un bien inmueble, con penas de prisión de 1 a 3 años”. Además, desde el PP se pide que el desalojo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueda hacerse en 24 o un máximo de 48 horas, dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos o que se implante la prohibición de empadronarse en los ayuntamientos a los okupas, entre otras medidas.

Todas estas medidas, “tienen que venir acompañadas de acciones sociales para ayudar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables para que se les garantice el derecho a una vivienda digna”, según ha explicado el senador popular, Fernando de Rosa.

En esta línea, Ciudadanos ya tiene presentada en Les Corts una proposición no de ley para “luchar contra la ocupación ilegal de viviendas», una situación que “genera graves inseguridades en los barrios y en los bloques de vecinos”. En este caso, el partido naranja exige la elaboración de un Plan Autonómico que “garantice la devolución de los inmuebles ocupados a sus legítimos propietarios”, incluya medidas de refuerzo de la seguridad, la vigilancia de inmuebles abandonados, la puesta a disposición de los propietarios afectados los servicios de asesoramiento y orientación jurídica y la coordinación institucional.  Además, se pretende promover un protocolo común de actuación y que el Gobierno central ponga en marcha “todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad y garantizar la convivencia, como agilizar los juicios, endurecer las sanciones o reforzar las competencias de los ayuntamientos”.

Desalojo exprés

Por otro lado, hoy se ha conocido la instrucción de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sobre criterios de actuación frente delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles en la que insta a los fiscales a facilitar el desalojo de inmuebles ocupados, si bien teniendo en cuenta la “situación de especial vulnerabilidad en las personas que ocupen el inmueble”, entre las que cita menores, personas en claro desamparo o discapacidad.

La instrucción detalla cuatro supuestos en los que los fiscales deben pedir a los jueces esta medida cautelar de desalojo: tras conocer el atestado policial, siempre que éste facilite información suficiente; durante la tramitación de cualquier procedimiento judicial por delito de allanamiento o usurpación; durante la celebración de los juicios, por delito leve de usurpación, siempre que se promueva la condena del denunciado y también en el momento en el que unas diligencias de información de la Fiscalía sobre hechos relacionados con la ocupación se judicialicen, es decir, se pongan en manos de un juez.

Este verano, y ante el aumento de las ocupaciones, el fiscal jefe de la provincia de València dictó una instrucción por la que se autorizaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “a desalojar de manera inmediata aquellas viviendas ocupadas ilegalmente que se consideran moradas”, incluidas primeras y segundas residencias, previa adopción de una medida cautelar por parte del Ministerio Público y siempre y cuando se haya comprobado la titularidad del inmueble, la falta de autorización y la ausencia del título legítimo de ocupación.

Ese “desalojo exprés” pretendía unificar los criterios de actuación de los fiscales, a quienes se les pide que insten “a la Policía y a la Guardia Civil al desalojo y a la restitución urgente de los domicilios a sus legítimos propietarios, mediante la citada medida cautelar”.

Sin embargo, todas las iniciativas están lejos de alcanzar un pacto entre los partidos y parecen que se quedan encima de la mesa mientras aumentan las ocupaciones.