La operación Azud suma ya 14 detenidos tras dos días de registros
Entre Alfonso Grau y Rafael Rubio habrían logrado una mordida de 1,3 millones de euros
De momento, la UCO ha detenido a 14 presuntos implicados en la trama. Foto: EFE.
Esta semana se han producido diversos arrestos bajo el marco de la operación Azud, que investiga a varios excargos públicos de la Comunitat Valenciana en un presunta trama de corrupción urbanística. De momento, se han llevado a cabo 14 detenciones entre las que se encuentran la del el exsubdelegado del Gobierno en Valencia (PSPV), Rafael Rubio, y el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (PPCV).
Este viernes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) continua con el registro de las viviendas de los arrestados y se prevé que se produzcan más detenciones, según ha informado Europa Press. Los 14 detenidos fueron trasladados este jueves a cuarteles de la Guardia Civil y se espera que pasen a disposición del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado de la causa, este sábado por la mañana.
Tras conocerse la detención de Rubio en su domicilio, exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València y exdiputado provincial, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, le cesó de manera fulminante. El PSPV también le suspendió de militancia.
Grau podría haber cobrado alrededor de un millón de euros y Rubio otros 300.000 euros
Grau, por su parte, fue mano derecha de la exalcaldesa fallecida, Rita Barberá. Ambos están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. Otro de los detenidos fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, quien habría intermediado entre los políticos y uno de los empresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer.
Entre los detenidos también se encuentra la hija de Grau, en una operación desarrollada en Valencia, Alicante, Madrid y Tomelloso, de la que el exvicealcalde podría haber cobrado alrededor de un millón de euros y Rubio otros 300.000 euros. También hubo cuantiosos regalos por parte de empresarios a cargos públicos.
La operación Azud comenzó en 2017
La trama, que arrancó en 2017, estudia posibles mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de Valencia habrían realizado.
Se acusa a los implicados de delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.
Tanto Grau como Rubio también están implicados en el caso Imelsa
Rafael Rubio, exdiputado provincial, también se encuentra procesado por el caso Imelsa, en el que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.
Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel, por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.
