“La Ley Celaá es una vuelta a los peores vicios de la LOGSE y la LOE”

La LOMLOE, más conocida como la ‘Ley Celaá’, “es un retroceso en el tiempo y en la forma de entender la educación”, afirma el portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa), Vicente Morro. 

El pasado 3 de marzo fue aprobada por el Consejo de Ministros. Entonces, la Ministra de Educación, Isabel Celaá, declaró que “el proyecto de Ley aprobado hoy, que deroga la LOMCE, es la primera pieza y piedra angular de una profunda transformación del sistema educativo, ambiciosa, exigente, de largo alcance, responsable con nuestros menores y su futuro”.

El pasado miércoles, en el Congreso, las enmiendas de PP, Cs y Vox no consiguieron salir adelante. La LOMLOE fue aprobada. Eso sí, sin gran consenso entre los diputados de uno y otro espectro político.

La ley se lleva consigo aspectos como la demanda social, la devaluación de la asignatura de Religión, una menor exigencia en niveles de educación superiores o un sistema más inclusivo. “Los que estamos en contra de esta ley es porque pensamos que es profundamente negativa para las libertades y para el sistema educativo en su conjunto”, asegura Morro.

¿Qué implica la ley Celaá para los colegios concertados?

La ‘Ley Celaá’ supone, con carácter general, una vuelta a la LOE. La LOMCE de Wert fue una modificación parcial de esta. Retocaba algunas cosas, introducía el tema de la educación diferenciada, la demanda social… Esas pequeñas modificaciones desaparecen totalmente con el nuevo proyecto. Además, la LOE es una ley que nos ha llevado a los peores resultados educativos de la historia de España. Es un retroceso en el tiempo y en la forma de entender la educación. Es una vuelta a los peores vicios de la LOGSE y la LOE en el sentido de rebajar cada vez más los niveles educativos.

¿Cuáles son los puntos de la ley que menos os gustan?

Fundamentalmente, el recorte de la demanda social porque significa que la planificación de la administración pública prima sobre los derechos de las familias. Luego está el punto de la tendencia a querer eliminar la educación especial por el dogma de que toda la educación debe ser inclusiva. Los padres de hijos con discapacidad saben que sus hijos van a estar mejor atendidos en centros de educación especial y temen que se vayan a ir cerrando poco a poco. La educación inclusiva está bien como proyecto, pero no es una realidad. La ley habilita que los centros educativos especiales vayan a desaparecer a medio plazo. Tampoco nos gusta su visión de la educación diferenciada. Hay un sesgo ideológico contra ella que pretende limitar la libertad de las familias en elegirlo. En muchos países, sobre todo del ámbito anglosajón, funciona muy bien. Pero como aquí está vinculada a determinadas posiciones culturales o religiosas, el sector de pedagogía progresista no está de acuerdo y la tildan de educación segregada en tono peyorativo. La ley pretende eliminar la posibilidad de clases solo de chicos o de chicas. Luego está el tema de las lenguas cooficiales. Se deja en mano de las comunidades autónomas. No hay una norma común que garantice la posibilidad de que cada alumno pueda recibir la enseñanza en la lengua vehicular que la familia elija.

¿Y qué ocurre con la asignatura de Religión?

Lo expuesto no se ajusta a los acuerdos entre el estado español y la Santa Sede porque se vacía totalmente el contenido de la Religión como asignatura. Se permite que esté, pero fuera del horario y de toda valoración académica. Evidentemente, nadie la va a coger porque no supone ninguna ventaja, sino todo lo contrario: una permanencia de una hora más en el colegio. Con eso, se ponen en peligro los puestos de trabajo de muchos docentes de Religión. Al final, estas cuestiones son más de tipo ideológico que pedagógico. Algunas afectan directamente a la educación concertada y otras a todo el sistema.

Otro aspecto clave es el de ‘demanda social’. ¿Es justa?

Es uno de los aspectos que se eliminan para los concertados, por lo que se avanza en un criterio de estatalización de la enseñanza. Con este concepto, las redes pública y concertada ya no son complementarias, sino que la concertada es subsidiaria de la pública. Por tanto, allá donde hagan falta plazas, se omitirá la presencia de la concertada, que al final desaparecería. Es un recorte de las libertades de las familias y de los centros. Derechos que están reconocidos en el artículo 27 de la Constitución. Es, en fin, avanzar hacia un modelo de educación única, pública y laica.

¿Se va a movilizar la concertada de nuevo?

La concertada, desgraciadamente, tiene que estar movilizada todos los años. En la Comunitat, sobre todo entre 2016, 2017 y parte de 2018, nos hemos tenido que manifestar o ir a los tribunales. No se va a hacer una movilización en concreto porque ahora está esta ley. Esto es una vuelta a la LOE y esta, aprobada en 2006, tuvo en 2005 una manifestación en Madrid con más de un millón de personas. Por tanto, probablemente antes o después o de la forma que sea habrá que hacer algún tipo de manifestación si el Gobierno no cambia sus planteamientos. Evidentemente, los que estamos en contra de esta ley es porque pensamos que es profundamente negativa para las libertades y para el sistema educativo en su conjunto. Tendremos que manifestarlo. Primero en las calles y luego en los tribunales. 

Ximo Puig ha llegado a afirmar alguna vez que no discrimina a la concertada. ¿Es eso verdad?

No, hombre, no. Desde el momento en que no quiere recibir a una parte de la comunidad educativa hay discriminación. Constantemente la hay. En el reparto de las famosas tablets no se tuvo en cuenta a la concertada hasta que no se movió. La cuestión está en que cuando se discrimina a un centro concertado no se discrimina a ese centro, se discrimina al alumno y a la familia que ha elegido ese centro. Hay un tópico contra la escuela concertada que dice que hace una educación elitista, pero muchos centros hacen una gran labor social. Aun así, a muchos se les excluye solo por ser concertados. El presidente no va a decir: “Sí, discriminamos a la concertada y queremos acabar con ella”. Él no te lo va a reconocer, pero sus políticas tienden a ello. Hay una discriminación absoluta hacia la concertada en la Comunitat.

Desde los colegios concertados reclamabais transparencia a la Conselleria en el proceso de admisión telemática. ¿La ha habido?

No se ha producido porque no se hizo caso a esas solicitudes. En principio, habrá que esperar para ver los resultados. Los titulares de los centros, que son los que llevan el proceso burocrático, lo podrán saber mejor. Es verdad que no ha habido, de momento, grandes problemas ni grandes barbaridades, pero tendremos que ver cuando salgan los resultados si hay muchas diferencias con años anteriores. Lo cierto es que las peticiones que se hicieron no se han atendido y la Conselleria lo podría haber hecho de una forma más transparente y sencilla.