La Conselleria de Mónica Oltra aún debe 2,5 millones a las residencias
La consellera ha señalado este viernes que aún se están tramitando estas subvenciones, de las que algunas llevan nueve meses de retraso
El decreto 186/2020 publicado en noviembre del año pasado obligaba a pagar las gratificaciones al personal por el esfuerzo
Nuevo choque entre la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) y la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. El organismo ha reclamado este viernes el pago de «los más de dos millones y medio de euros que debe aún a las empresas por las ayudas para las pagas extraordinarias a la plantilla».
Así como, «el resto de los gastos provocados por el Covid en los centros residenciales que acumula, en algunos casos, más de nueve meses de atrasos«. Poco se ha hecho esperar la respuesta de Oltra, quien ha apuntado que las pagas están tramitándose y ya se han abonado 9,5 millones de euros.
«La línea de subvenciones de concesión directa que se puso en marcha a finales del año pasado en todo el ámbito de diversidad funcional y exclusión está totalmente pagado y falta una parte de mayores, pero están pagados de los once millones un total de 9,5 y está tramitándose el resto», ha explicado.
«Llevan meses con la misma respuesta, pero sin solucionar nada»
Aerte también recordaba a la vicepresidenta que el decreto 186/2020 publicado en noviembre del año pasado obligaba a pagar las gratificaciones al personal por el esfuerzo durante la primera ola del Covid antes del 31 de diciembre de 2020. «Llevan meses con la misma respuesta, pero sin solucionar nada», declara el presidente de Aerte, José María Toro.
«A pesar de eso, el importe principal se pagó mediante un confirming con Bankia en febrero de 2021 lo que ya supuso un problema importante para las entidades, en un año económicamente muy complicado», señalan. «Aun así, unos veinte centros no recibieron esa primera parte de la ayuda y hoy, nueve meses después de que venciera la obligación, todavía tienen pendientes unos 650.000 euros por ese concepto», han añadido.
A esto se le añade el impago del material y adaptación de instalaciones, por el que el Consell exigió la justificación del gasto hasta el 31 de marzo de 2021 y aún no se ha hecho el pago de los dos millones de euros que se anunciaron. «El sector cumplió en su momento todos los requisitos que exigía la Consellería para acogerse a las ayudas y, de nuevo, son las empresas las que soportan todo el esfuerzo financiero».
