Game Over: se acabó el juego
La nueva Ley del juego se aprueba "por los pelos" en un pleno marcado por las protestas de los hosteleros en la calle
Aprobada. A pesar de las pérdidas económicas derivadas de los dos meses de cierre, de las movilizaciones del sector, de las llamadas al diálogo o del rechazo de casi la mitad del pleno de Les Corts, el Botànic ha aprobado este jueves la Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana. Una ley que aboca a la quiebra a un alto porcentaje de hosteleros valencianos que estaban ya en la cuerda floja debido al coronavirus. Por ello, las reacciones de las diferentes asociaciones del sector no han tardado en llegar.
«Sé nos ha visto como un problema cuando realmente pensamos que somos la solución. Se ha aprobado una ley incongruente que cerrará un 95% de los salones de juego y que terminará con el empleo de 2.500 personas en toda la Comunidad Valenciana», señalaba Vicente Contreras, de UTSAJU (Unión de trabajadores de Salones de Juego). Asimismo, rebatía las declaraciones del diputado de Unides Podem Ferran Martínez en las que afirmaba que «teníamos (Unides Podem) el deber ético de no doblegarnos a la campaña de acoso y derribo de los lobbys a la que han contribuido PP y Cs». A lo que Contreras le contestaba «somos trabajadores del sector indignados por una ley injusta. Ni pertenecemos a un lobby ni estamos manipulados».
Directa a los tribunales
Pero los hosteleros no se rinden. Desde primera hora de la mañana se hicieron oir en el centro de València donde un numeroso grupo de trabajadores del sector se manifestaba en contra de la Ley. La mayoría de ellos pertenecían a la plataforma SOS Hostelería. Ellos ya están preparando una “dura ofensiva legal” contra la Ley del juego con un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero también denunciarán la norma ante la Agencia Española de Protección de Datos y el Parlamento Europeo por vulneración del Reglamento Europeo de Protección de Datos. De hecho, la patronal y SOS Hostelería ya tienen una cita para promover más acciones en contra de esta ley. «Cuando recibamos la ley, haremos un análisis exhaustivo y tomaremos las acciones pertinentes», afirmaba ayer el líder de SOS Hostería, Fidel Molina.
Asimismo, Contreras señalaba que «con la ley se cerrarán los salones de juego, pero ¿qué ocurre con el juego online, los bingos o las loterías y Apuestas del Estado?». Y a esto contestaba el ‘popular’ Rubén Ibáñez, «hay que dar la enhorabuena a los premiados, a los casinos, bingos, loterías del Estado y a la ONCE» porque esta ley «sectaria» establece «juegos de primera y de segunda» y permite unos y no otros.
En este sentido, Molina se lamentaba de la falta de diálogo con el Gobierno de Ximo Puig y del conseller de Hacienda Vicente Soler del que lleva esperando una respuesta «casi dos meses». A lo que Contreras añadía, «hemos pedido que nos escuchen y no lo han hecho». Y Soler, que todavía no tiene cita con los hosteleros, no hizo esperar a los medios para dar a conocer su punto de vista sobre la nueva Ley. De ella ha destacado que tiene una doble finalidad, «la regulación de la actividad socioeconómica de juego en sus diversas modalidades y canales en la Comunitat Valenciana y, por otra, la prevención de las patologías y adicciones».
Los hosteleros tampoco cuentan con el apoyo de los sindicatos. CCOO PV emitía ayer un comunicado en el que afirmaba empatizar con los temores de las diferentes patronales, que se han posicionado en contra de la ley. No obstante, afirmaban no compartir los mensajes sobre el impacto en el empleo, «cuando el sector ha presentado en el periodo de estado de alarma 553 solicitudes de ERTE, que han afectado a 3.991 personas trabajadoras (de las que más de 2.500 lo hacen en casinos y salas de bingos, con una regulación más garantista para su personal)».
Mesa reservada para el Gobierno
Pero hay más. La nueva Ley del juego es sólo la puntilla para un sector que roza la quiebra. Por ello, un total de 50 asociaciones provinciales de hostelería con el apoyo de Hostelería de España, entre ellas la de Valencia, han hecho entrega este jueves al Gobierno un manifiesto con las reivindicaciones del sector con el objetivo de continuar reclamando las medidas necesarias para su reactivación. Asimismo, han reservado mesas de las terrazas de sus locales para pedir que el Ejecutivo se siente a hablar con el sector. La campaña en redes sociales funcionará bajo el hastag #SiéntateConLaHostelería.
Los hosteleros reclaman una mesa negociadora con el ejecutivo porque según denuncian, «es necesario diseñar campañas de promoción para la reactivación del consumo y promoción del turismo, al estilo de las medidas tomadas en otros países europeos, como los 18.000 millones de euros que el Gobierno francés va a destinar al rescate del sector o los bonos que va a entregar Italia entre sus habitantes para incentivar el turismo local o la exención de impuestos».
Los hosteleros consideran que estos incentivos deben ir acompañados de campañas que trasladen confianza a los consumidores sobre la seguridad de los establecimientos frente al coronavirus. También reclaman «mayor claridad y transparencia» al Gobierno para poder planificar la reapertura de los establecimientos. Asimismo, reclaman fijar la distancia de seguridad como criterio para determinar el aforo de los locales, algo que se ha hecho en todos los países europeos en sus procesos de desescalada, excepto en España y Portugal, donde se han establecido aforos, sumados a la distancia mínima interpersonal.
En términos económicos, el sector hostelero y turístico también reclama al Ejecutivo la creación de una mesa negociadora para definir la flexibilización de los ERTEs, el establecimiento de microcréditos, en torno a 25.000 de rápida concesión, así como nuevas líneas de financiación, ya que consideran que las líneas ICO «no son suficientes» y solicitan la ampliación de las líneas de avales y préstamos al 0% o 0,25% sin condiciones.Las exenciones fiscales y de tasas municipales por el periodo de inactividad son otras de las demandas más repetidas desde el comienzo de la crisis, así como la del IVA súper reducido, siguiendo el ejemplo de otros países, como Alemania, donde se ha reducido del 19% al 7%.
