El Gobierno vuelve a morder al sector educativo

La propuesta que está planteando el Gobierno central de subir el IVA al 21% para la educación privada en los próximo Presupuestos Generales del Estado ha sido calificada como “una amenaza” por el sector educativo y un ataque a la libertad de elección de los padres. Todavía se desconoce la letra pequeña de la propuesta, pero si seguimos las estimaciones realizadas desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el nuevo agujero que se abriría el Estado en las arcas públicas superaría los 467 millones de euros en el ámbito educativo. Se trata de un nuevo bocado al mundo educativo que está viendo cómo el actual Gobierno central parece obsesionado en abrir continuos enfrentamientos.

Con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, la Educación ha vuelto a convertirse en un tema de disputa. Hasta ahora, todos los desacuerdos se circunscribían principalmente al planteamiento de la nueva ley educativa, que el Congreso de los Diputados está tramitando en estos momentos. Pero ahora el gobierno ha dado un paso más y ha abierto un nuevo frente con la intención de subir el IVA a la educación privada al 21%.

Si el gobierno decide seguir adelante con esta iniciativa, la primera consecuencia será la creación de un nuevo agujero en las arcas públicas ya que la recaudación prevista sería mucho menor al nuevo gasto que se generaría. Así, según una estimación realizada por la AIReF, el incremento neto de la recaudación por la subida del IVA al 21% a la educación privada llegaría a los 1.694 millones de euros. Sin embargo, el aumento del gasto del sector educativo, ante el posible trasvase de alumnos al sistema público, llegará a los 2.161 millones de euros. De esta forma, el nuevo agujero creado por el Estado sería de 467 millones.

Estas estimaciones de AIReF se realizaron con datos correspondientes a 2016, por lo que la situación actual, con la destrucción de empleo, la caída de ingresos en las familias y la crisis económica, podría intensificar el trasvase de alumnos al sector público, de forma que esa primera estimación podría quedarse muy corta.

Mala operación

Desde la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), su director gerente, Mariano Vivancos, ha explicado que este tipo de decisiones “hace que el déficit público aumente. La educación pública es mucho más cara que la concertada, y nos cuesta más a los bolsillos de los contribuyentes. Si sólo hablamos en términos económicos, esta subida del IVA no es una buena operación para el Gobierno”.

En este sentido, la CEOE se ha opuesto a esta medida dado que entiende que “tendría escasa eficacia recaudatoria, ya que incidiría muy negativamente en la demanda de servicios de sanidad y educación privados por parte de los consumidores, más aún en un entorno de recesión económica como el actual; y llevaría a una segura destrucción de empresas y empleo”. Además, esta medida, según los empresarios, “dificulta la participación del ámbito privado en estos sectores, que está demostrado que permite mejoras en coste, calidad y eficiencia”.

Para el sector educativo, este tipo de medidas no son nuevas. Así recuerdan que ya vivieron una situación parecida con la desgravación de las cuotas en los centros concertados y las donaciones a las fundaciones. “Ahora, explica Mariano Vivancos, esto suena a una amenaza, justo en un momento que no es casual, cuando estamos inmersos en una crisis económica, donde las familias están haciendo esfuerzos por ahorrar y estas decisiones del Gobierno pueden condicionar mucho el principio de elección de los padres”.  Además, “esta decisión está en las antípodas de las recomendaciones que incluía el libro Blanco de la CEOE donde se hablaba de la posibilidad de establecer desgravaciones a la educación privada”, ha señalado Vivancos.

Por otro lado, el propio sector cree que tras el lanzamiento de esta propuesta de subida impositiva también se esconde una velada presión ante las negociaciones que se están realizando en el Congreso de los Diputados para aprobar la nueva Ley Educativa de la ministra Celaá. Una nueva ley educativa, la séptima, que llegó al Congreso en marzo, una semana antes de la declaración del Estado de alarma. Y desde entonces, todas las asociaciones educativas han pedido al gobierno que abra una vía de diálogo para que se cambie el texto o que se aparque hasta que se supere la situación de crisis provocada por la pandemia. Sin embargo, la tramitación parlamentaria sigue adelante sin que se haya establecido un diálogo con las principales asociaciones.

Anomalía educativa

Por último, desde el sector educativo se critica que estamos a la puerta de convertirnos en “una anomalía educativa” en Europa ya que “la Educación tiene consideración en España, y en toda la Unión Europea, de servicio público esencial, y este es el motivo por el cual está exenta del pago del IVA. Esto es así en todos los demás países de la UE, y tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas”.

Además, con la nueva iniciativa del Gobierno, las familias verán encarecerse un servicio fundamental, lo que podrá provocar pérdidas de puestos de trabajo e incluso la desaparición de una parte del sector. “Nos enfrentamos a una situación en la que vamos hacia la eliminación de la pluralidad educativa, se crearán nuevas cargas económicas para las familias y a la vez se limitará la libertad de elección de las familias”, apuntan desde Feceval.

Por todo ello, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), Escuelas Católicas (EC) y Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE) han firmado un manifiesto donde explican que se opondrán “firmemente a esta medida por todos los medios legales a nuestro alcance”.