Reguladores de Cataluña, Andalucía y la Comunidad ven limitación de competencias en la ley audiovisual
Esperan que se introduzcan enmiendas al texto en el trámite parlamentario para que se adapte a la realidad del sector
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana han criticado este jueves la «limitación» de competencias en el proyecto de ley general audiovisual estatal, y han asegurado que no quieren quedar al margen de la nueva realidad audiovisual digital.
En una rueda de prensa telemática conjunta, el presidente del CAC,; el del Consejo de Andalucía, Antonio Checa, y el del Consell de la Comunitat Valenciana, José María Vidal, han pedido reformar el texto en el trámite parlamentario para adaptar la distribución competencial al estado autonómico y a la nueva realidad del sector, estableciendo una «actuación concertada» entre las autoridades reguladoras independientes en el Estado.
En su opinión, la concertación de competencias, además de ser coherente con el modelo de Estado descentralizado, permitiría optimizar los recursos públicos y ser más eficientes en la protección de la ciudadanía en cuestiones como la protección de los menores, el discurso del odio, la publicidad ilícita y la desinformación, ámbitos en los que ya cuentan con experiencia.
El audiovisual sigue sin adaptarse a la realidad
Por ello, han abogado por el principio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los organismos autonómicos para colaborar en la regulación del nuevo entorno digital en los ámbitos en los que cuentan con experiencia, y han considerado que sería «una mala decisión» no actuar con todos los activos con los que se dispone.
Los tres consejos audiovisuales creen que el texto de la ley no está acorde al nuevo ecosistema audiovisual ni a un estado autonómico, y «limita» las competencias al no atribuir a los consejos audiovisuales territoriales ninguna competencia en relación con los servicios de comunicación digital en este ámbito en espacios televisivos a petición ni con las plataformas de intercambio de vídeos, que se atribuyen a la CNMC.
Loppacher ha dicho que se trata de un hecho «especialmente grave» porque estos servicios constituyen una de las principales fuentes del consumo de la ciudadaní en este aspecto, y ha recordado que los reguladores territoriales tienen entre sus misiones velar por los derechos de las personas en el ámbito , por lo que pide tener competencias en el ámbito digital y no solo en las ondas hertzianas.
