Valencia, Murcia y Andalucía se unen contra Teresa Ribera y García-Page por el trasvase
Desde el Mediterráneo se encuentran defectos de forma que permiten paralizar el freno al trasvase mientras desde el Tajo se da por ganada la batalla judicial que "está obligando a cambiar la política hidrológica"
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica. Foto: Delegación del Gobierno. Foto: EFE/Zipi
La concentración de los regantes que reciben el agua trasvasada del Tajo al Segura frente al Ministerio de Transición Ecológica llega con una vuelta de tuerca a la tensión en la que han participado todas las partes. Los gobiernos de Valencia, Murcia y Andalucía han anunciado la batalla legal mientras desde Castilla-La Mancha y el Ministerio se ningúnean los argumentos lanzando leña al fuego en la polémica en la que niegan el agua. La cita es hoy a las 11 horas.
El primer argumento desde la cuenca mediterránea es un defecto de forma en el que han coincidido los tres gobiernos autonómicos afectados: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Ya lo dijo el gobierno murciano. López Miras recriminó al Ministerio que no haya aportado una memoria jurídica, ni económica ni hidrológica a la hora de establecer los caudales ecológicos del Tajo, que afectan además al Plan Hidrológico del Segura.
Mismo defecto apuntó ayer el presidente valenciano, Ximo Puig, al indicar que se cambia el acuerdo alcanzado en el Consejo de Estado sin someterse a la participación ciudadana pudiendo producirse “una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo». Hasta Juanma Moreno, el presidente andaluz apunta a «defectos en la tramitación» mientras censura «falta de consideración económica y ambiental, además de por la falta de transparencia en su tramitación».
En síntesis, lo que los tres gobiernos autonómicos unidos dicen (dos del PP y uno del PSOE) es que llegaron a un acuerdo sobre el límite a partir del cual se trasvasa agua y, de forma unilateral, el Ministerio de Transición Ecológica ha cambiado las reglas del juego. Además de no estar de acuerdo en el fondo, los tres gobiernos ven en las formas la manera de revocar la decisión.
Desde el otro bando, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, continúa celebrando la victoria frente al Mediterráneo. «Por primera vez» Castilla-La Mancha «está dando la vuelta» al problema del agua ya que las sentencias que ha ganado la comunidad autónoma en el Tribunal Supremo «están obligando a cambiar la política hidrológica». A la guerra judicial planteada por Valencia, Murcia y Andalucía, García-Page asegura que es él quien vence en los tribunales.
Ribera intenta convertir la guerra regional en ideológica
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, intentó ayer convertir lo que es una disputa por el agua entre regiones con regadío frente a una región con un río caudaloso en una pugna ideológica. Al margen de que el PSOE, con la Comunidad Valenciana, es uno de los que se oponen a la reducción del trasvase Tajo-Segura, Ribera dijo ayer que hay «una tergiversación de la realidad en favor de un territorio, con determinadas pancartas de determinados grupos políticos«, es decir, acusó también a socialistas como Ximo Puig, de posicionarse a favor de posturas pro-trasvase del PP.
Para echar sal a la herida, afeó a Ximo Puig que reabiera la «guerra del agua» con el trasvase del Tajo-Segura. El presidente valenciano ya cuidó su eslogan para huir del «agua para todos» del PP para incidir en el «agua para siempre» del PSOE valenciano (en un concepto que está más ligado a las desaladoras que al trasvase) en un intento de evitar el conflicto en favor de la conciliación.
Pero, para disipar las dudas, ayer dijo que «la confrontación y las guerras del agua no sirven para nada» y, en consecuencia, hay que buscar puntos encuentro, pero «evidentemente desde la defensa clara, nítida, de los intereses de los regantes y de la Comunitat Valenciana». Mañana no estará en la concentración y en su lugar estará la consellera de Agricultura, Isaura Navarro (Compromís) y el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes (PSOE), como máximos representantes de la causa.
La explicación no convence al PP, que ayer anunció una iniciativa parlamentaria para reprobar al gobierno por el Tajo-Segura. Maria José Catalá, portavoz del grupo parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, dijo ayer: «Queremos unirnos a los regantes en lo que constituye un nuevo agravio de Sánchez a la Comunitat, dentro de una lista en la que se incluye también que todavía no tengamos financiación autonómica o el incumplimiento en infraestructuras. Es una falta de respeto por parte de Sánchez y una falta de fortaleza por parte de Puig que no es capaz de alzar la voz por los ciudadanos ni los intereses de su tierra”.
Mientras tanto, desde Asaja Alicante siguen con la mirilla puesta sobre Teresa Ribera. Aseguran que la concentración de hoy en Madrid es para «mostrar su repulsa ante la política hídrica del Gobierno y las mentiras de la ministra Ribera». Los agricultores alicantinos insisten en pedir el cese de «la mano ejecutora de toda esta trama hídrica, la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera que, aparte de condenar el futuro de la provincia con decisiones unilaterales que no responden a ningún criterio técnico ni medioambiental, miente sin pudor hablando sobre la elaboración de un nuevo decreto para afrontar el precio del agua desalada».
