Aprobado sin ningún voto en contra el decreto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ahora se encuentra en el punto de mira su gestión. Y es que para el Gobierno de Sánchez, los municipios de más de 20.000 habitantes deberán encargarse de la parte burocrática sin recibir ninguna contraprestación.
Si las alcaldías de Benidorm, Gandía y Requena se negaban a hacer declaraciones para estudiar el alcance y las problemáticas que pudiera suscitar la medida, el alcalde de València, Joan Ribó, ha exigido a Sánchez ayuda. “Si no se arregla este tema, los ayuntamientos no podrán resolver de forma adecuada el ingreso mínimo», ha apuntado Ribó. Asimismo, ha subrayado que con esta petición también manifiesta las opiniones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la valenciana (FVMP) y la de todos los alcaldes. “Esta ayuda es fundamental, pero necesitamos recursos».
A su vez, el Colegio Oficial de Trabajo Social de València (COTSV) ha denunciado la situación remarcando el «colapso» que supondría el IMV al convertirse en una «sobrecarga de tareas que no pueden asumir las trabajadoras sociales con los equipos que disponen actualmente los ayuntamientos». Por lo tanto, en el mismo comunicado oficial, la entidad ha especificado que la tramitación del IMV «tiene que ser competencia de un organismo estatal, como la Seguridad Social (INSS), y ser gestionada por esta mediante auxiliares administrativos».
Se tiene previsto que en la Comunitat Valenciana reciban hasta 100.000 familias valencianas el IMV a partir del 26 de junio. Una ayuda que podrá ser compatible con la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) que reciben hasta 54.375 personas. A nivel nacional, 850.000 familias optarán al IMV. En cuanto a la ejecución de las ayudas para las autonomías, la institución encargada será el Instituto de la Seguridad Social (INSS), excepto en País Vasco y Navarra que gestionarán íntegramente la prestación después del pacto con el Gobierno para la prórroga del estado de alarma.
