Sánchez consuma el recorte del Tajo-Segura que deja sin agua a Valencia, Murcia y Andalucía
Los agricultores aseguran que la decisión va en contra del interés general del país mientras Mazón (PP) censura el daño irreparable de dejar sin agua a Alicante
El Consejo de Estado ha emitido un dictamen unánime del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos, entre ellos el del Tajo que afecta al del Segura. A falta de conocer los detalles, al tratarse de una posición firme que recudirá el aporte del agua a la huerta del sureste de España, las reacciones oscilaron desde el rotundo rechazo de los afectados y las filas populares, la eterna búsqueda de diáologo sin interlocución de Ximo Puig y la satisfacción manchega de que les haya hecho caso Pedro Sánchez adoptando su posición contraria al trasvase.
En su reunión ordinaria de los jueves, la Comisión Permanente del máximo órgano consultivo gubernamental ha aprobado por unanimidad el dictamen relativo a los nuevos planes hidrológicos que han provocado el rechazo de los agricultores de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería al suponer un caudal ecológico del Tajo que reduce las aportaciones vía trasvase al Segura. El informe no es vinculante y el decreto debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, previsiblemente el martes de la semana que viene.
Desde Alicante, los agricultores mostraron su «tajante disconformidad» ante el recorte del trasvase que, al exigir un caudal de 8,65 metros cúbicos por segundo implicara que lleguen 100 hetómetros cúbicos de agua al año. El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, incidió en que se perderán 27.000 hectáreas de regadío, se sufrirán unas pérdidas económicas de 5.692 millones de euros y se destruirán 6.300 empleos directos en Alicante y otros 9.000 en Murcia.
Los agricultores volverán a manifestarse el martes 24 de enero en Madrid para mostrar su tajante disconformidad
Asaja censura que la decisión «va totalmente en contra del interés general de este país y sus ciudadanos, como es el reparto equitativo del agua entre comunidades». Recuerdan que se han manifestado en Alicante, Murcia, Almería y Madrid (el pasado 11 de enero frente al ministerio de Transición Ecológica) mientras el próximo martes, 24 de enero, volverán a Madrid, esta vez, frente al Palacio de Moncloa.
Desde La Unió de Llauradors pidieron al Gobierno que obvie «todo lo que hace referencia al trasvase para sentarse a negociar y no entrar en una nueva guerra absurda del agua«.
En este sentido, recuerdan: «El sector agrario alicantino pende de un hilo y por ello seguimos apostando desde La Unió por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura como fuente de suministro de agua de calidad para una de las zonas más ricas agrícolamente de toda Europa, como son las comarcas del sur de Alicante».
El presidente de la Diputación de Alicante y presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, inicidió en que «el PSOE consuma sus planes» con «el mayor hachazo de la historia del Tajo-Segura», lo que califica de «daño irreparable» y de «condena a Alicante a secarse».
“La muerte anunciada del trasvase se consuma con los planes del PSOE. Estamos viendo que un Gobierno se carga una infraestructura solidaria ante el silencio cómplice de Ximo Puig, que no ha hecho nada por impedirlo. Es un presidente que se abstiene y sus hechos le delatan. A Puig ya no se lo cree nadie. Ya no vale disimular”, ha señalado Mazón.
Desde el gobierno autonómico murciano, también del PP, se centraron en que la decisión de ayer forma parte de un plan a largo plazo. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Antonio Luengo, dijo que con el recorte “se confirma que el Gobierno socialista mantiene su hoja de ruta para cerrar el trasvase Tajo-Segura, un camino iniciado en 2018 por Pedro Sánchez cuando anunció el fin de los trasvases”.
Satisfacción manchega
Desde las filas socialistas, la mayor satisfacción llegó desdel gobierno manchego, que vió como Pedro Sánchez se alineaba con Castilla-La Mancha contra las autonomías gobernadas por el PP de Andalucía y Murcia así como la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig. Según declaraciones recogidas por EFE del gobierno regional, la decisión del Consejo de Estado es un «claro avance» y muy beneficioso para las posiciones de Castilla-La Mancha.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat siguió incidiendo en la necesidad de diálogo para llegar a un acuerdo. Horas antes de la decisión repitió este mensaje y, una vez conocido el sentido del dictamen, fuentes del Consell aseguraron a EFE que el Ejecutivo valenciano usará «cualquier vía en defensa de los regantes de Alicante», además de mantener «abiertas las vías de diálogo».