Ribera afea a Puig que reabra la «guerra del agua» con el trasvase Tajo-Segura

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reprochado este martes al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que reabra una «guerra del agua» con el trasvase Tajo-Segura.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha recalcado que lo importante es no «volver al pasado» reabriendo «una guerra del agua donde, pase lo que pase, se haga lo que se haga, se invierta lo que se invierta, siempre hay una diana a la que disparar».

En esta línea ha afirmado, según recoge Servimedia, que «no nos gusta mucho que haya un uso de esta situación tergiversando la realidad en favor de determinadas pancartas, de determinados partidos políticos«. Pancartas que saldrán el miércoles a la calle en una manifestación frente al Ministerio para la Transición Ecológica convocada por regantes del levante y encabezados por el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

La ministra ha asegurado que su departamento ha enviado al Consejo de Estado un documento que contó con el «respaldo mayoritario» del Consejo Nacional del Agua con fijación de caudales ecológicos para el Tajo para cumplir cinco sentencias condenatorias del Tribunal Supremo desde 2019.

El Consell solicita un informe desfavorable

Estas declaraciones de la vicepresidenta se producen después de que este martes se haya conocido que el Consell de la Generalitat Valenciana ha solicitado a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, la emisión de un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura.

El Gobierno valenciano acusa a Transición Ecológica de «falta de criterio y rigor técnico» en ese nuevo plan hidrológico y apuna que este documento «cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona».

La solicitud del Gobierno valenciano se sustenta en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat, que ya han sido remitidas al órgano consultivo del Ejecutivo. En ellas, se hace alusión a «defectos acaecidos en la tramitación del proyecto» que podrían ser «determinantes de la nulidad de pleno derecho» del proceso. El Consejo de Estado también ha recibido comentarios al Plan Hidrológico del Tajo de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Murcia, así como de organizaciones ecologistas y académicas.

Ribera defiende su gestión del trasvase

Ribera ha defendido que la nueva planificación hidrológica de 2022-2027 «responde por primera vez a la realidad del cambio climático». «No nos basta hablar de volúmenes promedio disponibles de agua, tenemos que estar preparados para los dos excesos: ciclos mucho más largos de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros. Lo peor es no ver esa realidad porque los datos avalan que esa es la realidad», ha declarado.

Además, ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasvasado mucha más agua del Tajo al Segura que en los cuatro años anteriores con el fin de garantizar el agua doméstica y de facilitar aportaciones adicionales para usos económicos, entre ellos la agricultura.

Según Ribera, los nuevos planes hidrológicos incorporan 8.000 millones de euros de inversión en infraestructuras hidráulicas, de los cuales 1.100 millones serán para Murcia, 540 millones para Alicante y 44 millones para Almería, las tres provincias que más preocupan a los regantes. Ello permitirá llevar más de 150 hectómetros cúbicos de agua desalada a esas zonas.

Además, ha apuntado que el Gobierno pretende impulsar la inversión en energías renovables y que el coste del agua sea «asumible por los agricultores» para conectar las distintas desaladoras. «Lo peor sería pensar que dependemos exclusivamente de que haya agua en cabecera de Tajo porque nos encontraríamos, como se encontró la ministra Tejerina, teniendo que reducir el trasvase a cero durante meses. Esto sí que sería enormemente dramático para esas cuencas».