Puig carga contra el TC y defiende el estado de alarma de Pedro Sánchez
El president reivindica la efectividad del estado de alarma, que provocó 167.000 multas en la Comunitat Valenciana
«El interés general está siempre por encima del interés particular». Foto: EFE.
Este jueves, la gran mayoría de cargos públicos a nivel nacional se han dejado ver en el homenaje de Estado a las víctimas de la covid. Entre ellos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ha aprovechado para hacer una serie de declaraciones sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma.
«Creo que todas las instituciones del Estado tienen que tener siempre conciencia del momento que se vive y adoptar las resoluciones en función del interés general», ha apuntado el ‘president’. Pese a que reconocía al principio reconocía no haber leído la sentencia, ha mostrado una postura crítica con la decisión del Tribunal Constitucional.
«Todo el mundo sabe que ha sido absolutamente efectivo el estado de alarma», afirmaba con rotundidad. «Yo respetaré siempre las sentencias de cualquier tribunal, pero creo que el interés general está siempre por encima del interés particular», añadía.
En la Comunitat se impusieron más de 165.000 sanciones y se recaudaron 14 millones de euros durante el primer estado de alarma
Por otra parte, la decisión del TC deja en el aire si la Administración tendrá que devolver las multas impuestas durante el primer estado de alarma por saltarse la ley de Seguridad Ciudadana. En la Comunitat Valenciana se calculan unos ingresos de alrededor de 14 millones de euros.
En total, se registraron 1,14 millones de propuestas de sanción: en la Comunitat Valenciana fueron 167.936 (14,7%), siendo la tercera región con mayor número; superada por Andalucía (195.986) y Madrid (184.517). Respecto a las detenciones, se produjeron 9.173. De ellas, el 60,9% fueron en Madrid (1.484), Andalucía (1.423), la CV (1.409) y Cataluña (1.273).
El TC también está valorando la constitucionalidad de las restricciones autonómicas
Puig ha insistido también en la «efectividad» de las restricciones, haciendo referencia al toque de queda establecido a inicios de esta semana en los municipios con mayor incidencia acumulada. Una medida que han aplicado posteriormente otros gobiernos autonómicos, como Cantabria y Cataluña.
Mientras, el TSJ de Aragón ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad al TC para que determine si las autonomías pueden aplicar restricciones que afecten a los derechos fundamentales de la ciudadanía. En el caso de que el tribunal aclarase que no lo es, estas medidas quedarían anuladas.
De momento, la Generalitat está al tanto de las medidas aplicadas esta semana para observar qué efecto tienen en 10 días y después decidirán si se flexibilizan o se endurecen para evitar la propagación del virus.
