Oltra veta a las empresas en paraísos fiscales para la gestión de las residencias
La vicepresidenta ha incorporado nuevas cláusulas fiscales a una ley de la legislatura pasada que ya limitaba la contratación de empresas por razones sociales, laborales y medioambientales
La mayoría de plazas en las residencias son concertadas. Foto: EFE.
Las residencias de ancianos han sido uno de los principales escenarios de las noticias durante el último año, dado que han sido los más afectados por el coronavirus. Según el último dato disponible (de 2018), en la Comunidad Valenciana hay 198 centros con un total de 11.742 plazas. Gran parte de ellos son concertados.
Este lunes, la vicepresidenta y titular de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado un nuevo cambio en la legislación regional que afectará a la contratación para la gestión de residencias de mayores: una cláusula que excluye a las empresas que operan en paraísos fiscales.
La vicepresidenta lo ha tildado como «una lucha por la igualdad y contra la evasión fiscal». La decisión se ha tomado después de una reunión con representantes de Intermon Oxfam, en la que se ha oficializado que estas empresas no podrán ser contratadas por las administraciones públicas regionales.
A partir de una ley de la legislatura pasada, que prohíbe la contratación con estas empresas, se han incorporado las cláusulas fiscales a los contratos públicos junto a las sociales, laborales y medioambientales. Ahora, las empresas tendrán que adaptarse a la responsabilidad fiscal o no podrán contratar con las administraciones públicas, ha avisado Oltra.
Oltra: «Las entidades empresariales tienen un compromiso que debe ir más allá de su condición de agente económico»
Bajo este prisma, ha asegurado que el gobierno valenciano apuesta por una sociedad corresponsable en la que «las entidades empresariales tienen un compromiso que debe ir más allá de su condición de agente económico«, además de agradecer a la ONG por la guía que envió a todas las administraciones para acabar con el fraude fiscal.
La titular de Igualdad ha ligado las cláusulas con «el modelo social y medioambientalmente responsable impulsado por el Botànic» y ha hecho hincapié en la necesidad de que las administraciones sean las primeras en dar ejemplo.
Responsabilidad social y medioambiental
En el ámbito social, las cláusulas establecen que las adjudicatarias tienen la obligación de reservar al menos la mitad de las sustituciones anuales por bajas laborales o vacaciones para que sean ocupadas por personas en situación o grave riesgo de exclusión social, especialmente las perceptoras de la renta valenciana de inclusión. Si se producen nuevas contrataciones, al menos la mitad de estos contratos se suscribirán con personas en situación o grave riesgo de exclusión.
En materia medioambiental se contempla que todos los vehículos que se adscriban al servicio de transporte deberán ser híbridos, de cero emisiones o eléctricos. El incumplimiento de estas cláusulas supondrá sanciones y la consideración de infracción grave, lo que implicaría una prohibición para contratar con las administraciones públicas.
