El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha incrementado el trabajo del órgano interventor tras pedir la auditoría de las cuentas anuales relativas a sus entidades dependientes. Una nueva normativa que nace del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
Así, los municipios valencianos con más de cinco mil habitantes tendrán la obligación de presentar la información planteada a partir de este mismo año. Una novedad que afecta a casi 200 entes como organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales, fundaciones del sector público local, fondos y consorcios y sociedades mercantiles y fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan de Auditoría.
“La nueva normativa dotará de mayor transparencia a todas estas entidades y mejorará la confianza en el sector público, al igual que sucede en la empresa privada”, afirmaba Rafael Nava, presidente del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana, a través de un comunicado oficial. Además, ampliaba que “la auditoría no solo satisface la creciente demanda social de transparencia y responsabilidad corporativa, sino que aporta confianza y credibilidad a las entidades financieras, atrae capital extranjero y facilita la concesión de créditos”.
Por ello, en 2020 los ayuntamientos de estos municipios tendrán que impulsar el control interno de sus entidades dependientes para alcanzar el control económico-presupuestario y reforzar el papel de la función interventora en las entidades locales.
