Medio Ambiente, la conselleria más contaminante del Consell

El Consell no predica con el ejemplo en la lucha contra las emisiones contaminantes de los vehículos a motor. El número de unidades a gasolina y diésel de la Generalitat suma un total de 1.908 entre consellerias, sector público instrumental y entidades adheridas, según recoge el último acuerdo marco para la contratación del suministro de combustible de automoción. La cifra corresponde al parque de 2019 y es un 12% superior a la de 2017, fecha del anterior acuerdo.

Entre los miembros del Consell, la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Mireia Mollà, es la que está al frente del departamento más contaminante del Ejecutivo valenciano teniendo en cuenta sus hidrocarburos. A pesar de tener entre sus compromiso la lucha contra la emergencia climática, declarada el pasado mes de septiembre, están a su servicio el 62% de los vehículos impulsados con combustibles fósiles, con 544. Le siguen, muy de lejos, la Conselleria de Sanidad, con 132; y la de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, con 88. En costes, el acuerdo marco establece un desembolso de 594.132,20 euros por parte de Mollà en carburante contaminantes, el mayor del Consell.

Comprando la situación de hace dos años, es cierto que las consellerias han rebajado su número total de vehículos, pasando de 942 a 875, pero no han hecho cundir el ejemplo en las entidades que les sirven de herramientas de gestión. El llamado sector público instrumental ha pasado de tener 492 a subir la cantidad hasta 740, un 40% más. Precisamente una sociedad vinculada al departamento de Mollà vuelve a ser la más dotada: Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA (Vaersa), con 380 vehículos, un 51% del total, y una previsión de costes de 915.145,84 euros en repostajes. Hay que ir a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para encontrar la sociedad más próxima en volumen, aunque dispone de menos de la mitad: 124.

Con un parque significativo pero mucho menor se encuentran también À Punt (Sociedad Anónima de Mitjans de Comunicació de la CV), con 51; el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, dependiente de Mireia Mollà, con 48; Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), con 47; o el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria, con 33. Finalmente, la adjudicación del suministro ha correspondido a la filiales de Repsol y Cepsa, Solred y Red Española de Servicios, las únicas aspirantes a este servicio que prevé un gasto de 10,2 millones e incluye tanto combustible como pago de peajes, pese a la gratuidad actual de la AP-7.