Mazón hereda los riesgos de sanciones con el Valencia CF y la F-1 generados antes del Botànic

La Cuenta General de la Generalitat Valenciana en las auditorías de sus entidades públicas empresariales y sociedades públicas refleja riesgos que se generaron antes de la llegada del gobierno del Botànic. La época de la Formula 1 y del Valencia CF sin Peter Lim es de principios de la década pasada pero siguen ocupando su espacio entre las advertencias que los auditores realizan al gobierno valenciano.

El Instituto Valenciano de Finanzas ya se libró del aval que dió a la Fundación Valencia CF para la compra de las acciones del club y que eran impagables ya que su escasa actividad no generaba ni para hacer frente a los intereses de aquella deuda. La venta a Peter Lim, que se produjo el año anterior al cambio de gobierno de 2015, no eliminó todos los riesgos con el fútbol que aún tiene esta entidad pública cuyo misión es el apoyo del tejido empresarial valenciano.

Las cuentas anuales del IVF señalan en su apartado 23.2 que sigue existiendo el riesgo de que el gobierno de la Generalitat Valenciana se tenga que enfrentar con el Valencia CF para exigirle el pago de 20,3 millones de euros. También 6,1 millones al Hércules CF y 3,6 millones al Elche CF.

El documento recuerda que el 4 de julio de 2016, la Comisión Europea, en función del artículo 108.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en relación con supuestas ayudas en favor a los tres clubes de fútbol de la Comunitat Valenciana (Valencia CF, Hércules CF y Elche CF), «dictaminó que los avales prestados por el IVF eran ayudas de estado incompatibles con el mercado interior«.

Tambén se refleja que «el Tribunal General de la Unión Europea dictó sendas sentencias anulando cada una de las decisiones por las que se consideraba ayuda de Estado incompatible. Las sentencias dictadas por el Tribunal General son firmes en los términos que se dictaron».

Las cuentas del Instituto Valenciano de Finanzas advierten que «es posible una nueva investigación» sobre la ayuda de 20,3 millones al Valencia CF

Hasta ahí, cierta tranquilidad. Pero la advertencia sigue: «No obstante, es posible una nueva investigación, al no haber transcurrido el plazo para que la Comisión pueda actuar, si bien no cabe esperar perjuicio patrimonial para el IVF, sino que, si finalmente se dictara una Decisión en términos similares a la de 2016 que deviniera firme, los clubes deberían proceder al pago al IVF de las cantidades consideradas ayudas incompatibles con el mercado interior».

El riesgo por tanto, no sería tanto económico sino reputacional, especialmente en un contexto ya de notable enfrentamiento entre la afición del Valencia CF y el propietario del club de Singapur Peter Lim que, tal y como se advirtió en su momento, llegó a la Comunidad Valenciana sin el compromiso de acabar el nuevo Mestalla y, en coherencia con ello, ha mantenido inalterado el hormigón del esqueleto de un estadio inacabado pero que forma parte del recorrido del bus turístico de la ciudad.

El riesgo económico referente a la Fórmula 1 sí que es más cuantioso y ocupa, igualmente, su espacio dentro de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana. Aquí el potencial agujero sobrepasa los 72 millones de dólares. La auditoría firmada por Enrique Nistal en la sociedad pública «Circuito del Motor y Promoción Deportiva» explica que como consecuencia del proceso de fusión por absorción de la entidad Valmor Sports, S.L. en el ejercicio 2012 esta sociedad pública quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones, así como en todas las relaciones contractuales que la entidad absorbida tenía frente a terceros.

Entre las herencias de este proceso está el contrato que firmaron Valmor Sports, S.L. y Formula One Administration Limited (FOA), el 4 de junio de 2007, para la promoción y organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 para el periodo 2008-2014, así como sus posteriores adendas, recuerda el auditor. «En los ejercicios 2013 y 2014 no se celebró dicho evento, pudiendo la FOA reclamar, de acuerdo con la cláusula 28.2 de dicho contrato, en concepto de sanción por incumplimiento, el importe del canon relativo a dichos ejercicios que ascendía a 36.066 miles de dólares por año».

Esto supone un potencial agujero de 72.132.000 dólares en las cuentas públicas valencianas y, ante dicho riesgo, se apunta: «La Memoria adjunta no recoge información sobre la situación en la que se encuentra el citado contrato, ni se nos ha aportado documentación que permita precisar la existencia de posibles contingencias o compromisos a los que la Sociedad pudiera tener que hacer frente derivado del mismo. Esta salvedad se incluía en el informe de auditoría del ejercicio anterior». La diferencia es que el año pasado Ximo Puig recogía esta advertencia como una herencia de la gestión de la Comunidad Valenciana de otro partido político mientras que Mazón tiene este riesgo sobre su mesa en la carpeta de asuntos que provienen de la anterior etapa del Partido Popular.