Mazón acuerda con Vox que el torero Vicente Barrera será vicepresidente primero y conseller de Cultura

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo de 50 puntos que contempla el reparto de puestos en el próximo gobierno valenciano. La vicepresidencia primera será para el torero de Vox Vicente Barrera, que también tendrá las competencias de cultura. Además, Vox contará con las competencias de la conselleria de Agricultura y de la consellería de Justicia, Interior y Gobernación.

El programa acordado se divide en 9 apartados. El primero es el referente a la libertad, que se centra en la defensa de la unidad de España. Se anuncia la derogación de «las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos» así como la aprobación de una ley de señas de la identidad que «proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España».

En este sentido, se suprimirán todas las subvenciones al entorno de la entelequia de los «països catalans». Además se pide una financiación jsuta para la Comunidad Valenicana y la eliminación de trabas burocráticas.

Los dos apartados con más acuerdos (9 de 50 cada una de ellas= son los que se refieren a la economía y a la agricultura, que es una de las ramas que dirigirá Vox. Respecto a la economía, se apoyará a las empresas por el aumento de costes, las pymes y comercio, a la creación de empleo de calidad y se promete la eleboración de un plan estratégico de turismo. Además, se recoge en el acuerdo las bajadas de impuestos por eliminación de la tasa turística, del impuesto de sucesiones y donaciones, bajada del IRPF, de las tasas autonómicas así como de las «trabas excesivas que provocan que nuestras empresas compitan en inferiores condiciones respecto a productores e industrias extranjeros».

Respecto al mundo rural, agua y patrimonio, destaca la defensa del trasvase Tajo-Segura, mejorar los regadíos, desarrollar las zonas rurales, garantizar la seguridad de las explotaciones agrarias, el fomento de los relevos generacionales, la protección frente a la competencia desleal de terceros países, defensa frente a las plagas asimo medidas de protección del patrimonio medioambiental y del mundo rural, sus tradiciones, fiestas y modo de vida.

Sí a À Punt y al pin parental

Dentro de la reducción del gasto político desaparece la promesa de Vox de cerra À Punt. «Apostaremos por un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica y unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales», aseguran.

Además, se promoverá la libre concurrencia para las subvenciones y se reducirá el número de consellerias (que no se especifica que vayan a ser 10 como apuntó el PP) asi como el número de altos cargos y asesores.

Respecto a la educación y la lengua, se apunta al pin parental sin citarlo textualmente. «Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares«, señala el acuerdo. Se garantizará la libertad de elección de centro y de educación así como se reforzará la inspección educativa, se dignificará la labor docente, se modernizarán los centros educativos y se garantizará la educación desde l0s 0 años.

El apartado de Sanidad recoge el aumento del presupuesto sanitario al 30% del total, mejoras del servicio de emergencias y de salud mental, entre otros. El apartado de políticas sociales, vivienda y familia incluye una ley integral de protección a la familia, aumentar el parque de viviendas reduciendo la presión fiscal y políticas para «erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas».

Dentro de las infraestructuras hay dos puntos para el corredor mediterráneo y la mejora de la red ferroviaria mientras se dedican cinco para ir en contra de la ocupación ilegal, la inmigración ilegal con mafias organizadas, la mejora de los medios para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para mejorar el orden publico.