«El dinero ganado por los ayuntamientos se lo va a llevar el Gobierno central». Ese es el sentir general de los ayuntamientos valencianos, que miran con temor la votación de hoy. Y es que está en manos de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) la propuesta del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, de que el superávit de los ayuntamientos se convierta en una bolsa común gestionada por el Gobierno central, que devolvería el dinero en un plazo de 10 años.
La Junta de Gobierno, que hoy votará la iniciativa propuesta desde sectores socialistas, está formada por 25 miembros: 12 del PSOE, 10 del PP, uno de Podemos, uno de Cs y uno de PdeCat.
De momento, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han manifestado en contra. Y es que consideran que con esta medida «el Estado gana liquidez, pero los ayuntamientos pierden dinero». En esa misma línea, Jaume Asens, diputado de Unidas Podemos, aseguró que «el Estado pretende tutelar a los ayuntamientos como menores de edad». Sin embargo, al igual que los nacionalistas catalanes, no desveló el sentido de su voto, por lo que serán ambas manos las que inclinen la balanza hacia un lado, junto a PP y Ciudadanos, o hacia el otro, con sus socios de Gobierno.
Los ayuntamientos valencianos tienen clara su postura: «Confiamos en que no salga adelante, no tiene sentido que prescindamos de unos recursos que necesitamos y más en un periodo de crisis», señala el alcalde de Benavites, Carlos Gil. Y es que asegura que «desde 2012 somos la única institución que hemos hecho los deberes, ese dinero es de los vecinos y el Gobierno ahora se lo quiere robar».
En ese mismo sentido, el alcalde del Perelló, Juan Botella, apunta que «es una injusticia total, lo que nosotros hemos administrado bien y hemos estado ahorrando durante muchos años, el Gobierno central nos lo quiere quitar de golpe».
El alcalde de València, Joan Ribó, también se ha mostrado muy crítico con sus socios de gobierno por no permitir a los ayuntamientos decidir dónde invertir su remanente: ”Ahora mismo hay muy poca diferencia entre Montero y Montoro». De hecho, ante el peligro de que se apruebe la iniciativa, Ribó acordó ayer una serie de medidas para evitar que el Gobierno central acapare el dinero municipal: los 32 millones de euros de su remanente de tesorería han ido destinados a amortizar la deuda municipal para dejarla al 34% a fin de año, ha invertido cuatro millones para la compra de vehículos de emisiones cero, un millón para motos eléctricas híbridas de Policía Local y otra para señal wifi en los pueblos.
Parece que ante el miedo de que el Gobierno vacíe las arcas municipales en Madrid, el alcalde prefiere hacerlo en València: «La amortización es la mejor solución o, al menos, la menos mala».
