Los autónomos valencianos siguen sin una solución
El president de la Generalitat, Ximo Puig, garantiza una acción directa para los autónomos "la semana que viene" a pesar de su urgencia
El president de la Generalitat, Ximo Puig, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, y el secretario general de CCOO-PV, Arturo León han coincidido en el mensaje de «tranquilidad» para los autónomos valencianos. En concreto, el president ha asegurado que «va a haber una acción directa a favor de los autónomos» con la celebración de un pleno extraordinario la próxima semana «para formalizar la propuesta». Hasta entonces, Puig ha hecho hincapié en «la disposición de facilitar una línea de 57 millones de euros para actuar a favor de los autónomos».
Las medidas se llevarán a cabo en colaboración con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), la ayuda de agentes sociales y económicos y la Conselleria d’Economia para definir «la mejor alternativa» tratando de «que nadie se quede al margen».
Durante la rueda de prensa también se ha afirmado que la Generalitat ayudará a dar liquidez a las empresas a través del IVF con una línea de 40 millones ampliables en créditos participativos para mejorar la solvencia y que las entidades puedan solicitar préstamos a los bancos con el aval del 50% del Gobierno. Los créditos computarán como capital de las empresas y el banco público dará una carencia de tres años a estos préstamos, que serán a 10 años, para garantizar la recuperación de las empresas.
Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha apuntado que estas medidas deben ser ágiles por su carácter de «urgencia». Además, ha reclamado una moratoria absoluta de impuestos y el aplazamiento de pagos.
Para el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, el Real Decreto ha abarcado una serie de «decisiones de verdad, valientes y de calado», aunque ha transmitido la preocupación por «los fijos discontinuos», contratos que afectan mayoritariamente al sector vinculado con el turismo. A la vez, ha aprovechado para pedir que las administraciones públicas recuperen el derecho a la autorización de los expedientes de extinción de contratos.
