Los agricultores tildan de «injusta y dictatorial» la imposición del Gobierno del agua desalada

La decisión de Teresa Ribera ha sido rechazada por los agricultores alicantinos y por el PPCV. Los agricultores alicantinos de ASAJA-Alicante han tildado de «injusta y dictatorial» la imposición del Gobierno de Pedro Sánchez de aumentar las inversiones de agua desalada en el sureste para compensar el recorte de agua trasvasada del Tajo al Segura.

Los regantes levantinos han rechazado el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, el cual contempla la imposición, por primera vez, de un caudal ecológico y la consiguiente reducción en la cantidad de agua trasvasada al sureste español a través del Segura que ha aprobado este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de Ministros.

Desde la asociación alicantina han acusado al Gobierno de poner en peligro al campo al no poder garantizar una seguridad mínima con la sustitución de agua trasvasada por la desalada, tal y como recogen en un comunicado emitido. Como consecuencia, han advertido de que esta decisión del Gobierno provocará una subida del precio de la fruta y la verdura debido a la disminución del agua para los cultivos.

Pérdida de 136 millones anuales para los agricultores

El presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu, ha insistido el agua desalada no puede ser una alternativa a la trasvasada «ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental» y ha asegurado que este martes han asistido a la «muerte del trasvalse Tajo-Segura por el mandato de Pedro Sánchez». En este sentido, ha matizado que el agua desalada «es un 500% más contaminante en emisiones de CO2» y que «hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona”.

«Sánchez no ha sabido frenar a una ministra que ha desoído las advertencias de miles de agricultores y expertos»

Por otro lado, ha lamentado que el máximo responsable de este país -refiriéndose a Sánchez- no haya sido capaz de «frenar a una ministra que ha desoído las observaciones del Consejo de Estado, las alegaciones de las Comunidad Autónomas afectadas y la voz de miles de agricultores y expertos que han cuantificado con cifras el descalabro en términos de empleo, hectáreas de regadío e impacto socioeconómico que supondrá el recorte del trasvase”.

El plan responde intereses políticos

La asociación ha criticado que el plan de Ribera «solo responde a intereses políticos y no ha tenido en cuenta las necesidades del sector agrario en ningún momento». En esta línea, ha subrayado que “todos sus argumentos y promesas carecen de legitimidad tras haber mentido de forma reiterada, incluso recurriendo a la semántica, para crear un clima de confusión en la sociedad».

En la misma línea, el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que este martes que “Sánchez y Puig destrozan el presente y el futuro de miles de familias al recortar el Trasvase Tajo-Segura sólo por un capricho ideológico”.

En este sentido, ha asegurado que «pone en jaque un sector económico fundamental para el desarrollo de la Comunidad Valenciana», cifrando la pérdida para el sector en 6.000 millones. Asimismo, ha asegurado que esta decisión del Gobierno de Sánchez pone en peligro 15.000 puestos de trabajo.

Mazón también ha cargado contra el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, por haber sido «cómplice en silencio» de Sánchez. “Este Consell no ha ejercido ninguna presión ni reivindicación al Gobierno de Sánchez. Puig hace tiempo que bajo los brazos en esta cuestión -tras abtenerse en el Consejo Nacional del Agua- y hoy se ha dado de bruces con la realidad. Menos agua para el campo de la Comunitat Valenciana”, ha aseverado Mazón.