Joan Ribó, alcalde de València, y Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat.
La desinformación se cierne sobre el ingreso mínimo vital (IMV), una de las medidas más sonadas del nuevo Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Y es que, tras hacerse público el convenio entre el Instituto de la Seguridad Social (INSS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los municipios de más de 20.000 habitantes se encontraron con la noticia de que deberían encargarse de gestionar la parte burocrática del IMV.
Lo más preocupante: lo deberán hacer sin recibir contraprestación alguna por parte del Gobierno. De hecho, el propio documento señala que «este convenio no implica por sí mismo obligación alguna de contenido económico para ninguna de las partes”. Los consistorios valencianos están preocupados por esta decisión del Gobierno, ya que puede suponer el colapso de sus servicios sociales.
En menos de una semana, el 15 de junio, se inicia el plazo por el que los ayuntamientos inician los trámites del IMV. Eso sí, no tienen ninguna certeza sobre cómo serán estos. Lo que queda claro es que la letra pequeña de la nueva medida ha pillado de sopetón a los consistorios valencianos.
Desde las alcaldías de Benidorm, Gandía y Requena prefieren no hacer declaraciones puesto que sus respectivas áreas de economía están estudiando el alcance y las problemáticas que pudiera suscitar la medida. Por ello, no quieren adelantarse a los acontecimientos.
Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón también se refiere a que es necesario esperar para calcular el impacto de la gestión del IMV sobre sus servicios sociales. Eso sí, alaban la decisión del Gobierno de poner en marcha esta renta mínima que, aseguran, “nos equipara con otros países europeos”.
De momento, los consistorios siguen expectantes ante los cambios que pudieran surgir en lo que se refiere al IMV. La única certeza que se tiene en estos momentos es que será el Instituto de la Seguridad Social (INSS) el que se encargue de ejecutar las ayudas a las autonomías. Se ha de exceptuar, eso sí, al País Vasco y Navarra, que gestionarán íntegramente la prestación después del pacto con el Gobierno para la prórroga del estado de alarma. Se sobreentendía entonces que, a priori, el coste del IMV lo iba a asumir el Estado. Visto queda que no.
Pese a la algarabía que se ha montado respecto a la forma de gestionar el IMV, se ha de poner la nota también en que 100.000 familias valencianas recibirán a partir del 26 de junio esta renta mínimo. En total, a nivel nacional se estima que llegará a unas 850.000.
Al respecto, la prestación sí que será compatible con la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que en mayo de 2020 ha alcanzado las 54.375 personas beneficiadas. Es por ello que el Consell, que presupone tener ya experiencia en la gestión de dichas ayudas, pide al Gobierno Central autonomía para gestionar el IMV.
Por otra parte, desde la oposición valenciana, el PP ha propuesto la creación de un nuevo fondo que permita a aquellas Entidades Locales que asuman la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, atenderla de «manera adecuada y sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes».
