La justicia abre un segundo juicio oral contra Alfonso Rus en menos de una semana
Esta nueva causa contra el expresidente del PPCV está relacionada con las presuntas irregularidades del servicio de 'call center'
Rus se encuentra en prisión desde el 21 de mayo por su presunta participación en el ‘caso Azud’. Foto: EFE.
Hace menos de una semana el Juzgado abrió un procedimiento oral contra el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la Comunidad Valenciana, Alfonso Rus, por el caso Imelsa. Este miércoles, se ha abierto un nuevo juicio oral por otra de las piezas del mismo caso, pero relativa a presuntas irregularidades en el servicio de ‘call center’.
En total, hay ocho acusados, entre los que se encuentra el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, quien se autoproclamó «yonqui del dinero». La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a Rus de delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Por todo ello, pide para el expresidente ocho años de prisión.
Entre los implicados se encuentra el suegro del exgerente de Imelsa
Para Benavent se han solicitado cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y malversación de forma continuada. Los otros seis implicados están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales.
El suegro del exdirector de Imelsa, Mariano Lópes, es uno de los ocho supuestos implicados, para el que se reclaman 13 años de prisión. La jueza de la causa ha pedido una fianza para seis de los encausados de 1,18 millones de euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecunarias que en su día pudieran declararse procedentes.
Rus otorgó contratos a familiares de los implicados
El auto del proceso señala que Rus organizó Imelsa para sus propios fines y los de sus «compinches», tanto de partido como personales, y nombró a Benavent gerente.
En un momento determinado, antes de junio de 2012, el suegro de Benavent arrancó a Rus el compromiso de adjudicar a su empresa, Servimun S.L., un contrato público de gestión tributaria de servicios.
El exgerente de Imelsa mantuvo una reunión con su suegro y otro acusado para poner en funcionamiento la maquinaria administrativa «asegurando la adjudicación fraudulenta del contrato«.
Desde el inicio se sabía, tal y como recoge el fiscal, que se contaba con la «necesaria aprobación» de Rus, «sin la cual hubiera sido impensable proceder al desarrollo administrativo de la adjudicación».
Así, para «sortear» los procedimientos de contratación de la Diputación y el control financiero del interventor, Rus utilizó «de forma torticera» una encomienda de gestión a Imelsa, «siendo la primera de las vulneraciones de la legalidad cometidas para lograr su propósito», según sostiene la Fiscalía.
