La jueza del caso Azud manda a prisión a Rubio y Grau por riesgo de destrucción de pruebas
La jueza de instrucción deja en la cárcel al exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana investigado en la trama de corrupción urbanística
Alfonso Grau y Rafael Rubio permanecerán en la cárcel mientras se investiga su presunta participación en la trama de corrupción enmarcada en el caso Azud
Alfonso Grau y Rafael Rubio permanecerán en la cárcel mientras se investiga su presunta participación en la trama de corrupción enmarcada en el caso Azud. La jueza de instrucción de la causa ha decretado la prisión incondicional para los dos antiguos cargos públicos ante el riesgo de que puedan destruir pruebas relacionadas con la investigación si quedan en libertad de forma provisional.
La Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado el ingreso provisional en la cárcel tanto del que fuera hasta hace unos pocos días subdelegado del Gobierno en Valencia (PSPV) como para el vicealcalde del Ayuntamiento (PPCV). Otros tres empresarios también tendrán que permanecer en prisión.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sí que ha anunciado que los otros ocho de los detenidos en la operación que se llevó a cabo este jueves podrán disfrutar de la libertad provisional mientras avanza la investigación. Eso sí, tienen prohibido abandonar el país, se les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer de forma semanal en sede judicial.
El ministerio público había pedido la prisión provisional de Grau y de Rubio al considerarles como dos de los principales cabecillas de la trama de corrupción urbanística del caso Azud. La causa abierta en 2019 analiza el presunto pago ilegal de comisiones a contratistas de construcción desde el Consistorio de Valencia, durante los últimos mandatos de la difunta alcaldesa popular, Rita Barberá.
Los investigadores calculan que el que fuera la mano derecha de Barberá podría haberse llevado hasta un millón de euros en mordidas como vicealcalde del Partido Popular. Mientras que el subdelegado del Gobierno por el Partido Socialista habría accedido presuntamente a otros 300.000 euros.
Ambos estaban ya inmersos en otro tipo de causas judiciales anteriores. Rubio es uno de los políticos procesados en el caso Imelsa que investiga contrataciones irregulares a través de empresas públicas en la Comunidad Valenciana. Mientras que Grau ya fue condenado a cuatro años de cárcel por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento.
La Justicia avanza en sus pesquisas del caso Azud
Se trata de la segunda etapa de detenciones que se produce en el marco del caso Azud, desde que la Fiscalía Anticorrupción pusiera en marcha esta investigación que trata de probar el presunto cobro ilegal de comisiones desde el Consistorio valenciano a contratistas urbanísticos.
La causa, que ha sido declarada secreta, analiza una colección de delitos como prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Los hechos se remontan a 2005 y se han prolongado hasta 2015, durante diferentes mandatos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia.
Además de Grau y Rubio, la Guardia Civil también detuvo este jueves a diferentes personas presuntamente implicadas en la trama como el constructor Jaime María Febrer, el que fuera jeve de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, y varios antiguos cargos municipales de Xixona.
La operación arrancó en abril de 2019 con la detención de José Luis Corbín, el cuñado de la fallecida alcaldesa del Partido Popular, Rita Barberá, al que se sitúa como uno de los artificies de esta presunta red de comisiones a través de su despacho de abogados. La hermana de la primer edil y tres de sus hijas también pasaron a disposición de la Justicia.
