La desdichada vuelta al trabajo de los funcionarios valencianos

“La consellera Gabriela Bravo ha decretado con alevosía que todo los funcionarios se incorporaran al 100%”, declara a ED el delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Ignacio Matoses. Y es que, sin explicación previa ni tiempo de reacción, el viernes pasado la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública impuso que todos los funcionarios volvieran a sus puestos de trabajo.

Fue una decisión que pilló ‘de sopetón’ al funcionario, ya que el 9 de junio se publicó el Real Decreto-ley 21/2020, mediante el cual se recomendaba “adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo”.

Por ello, Matoses exige a la consellera Bravo que “retorne a la situación anterior, que las consellerias puedan regular el teletrabajo y que, además, no solo que lo permita, sino que lo fomente, como ha hecho el Estado. No hay que inventarse nada”, ya que “lo que nos hemos encontrado en la Generalitat es algo que va en contra de todo”.

Aun así, este lunes se produjo la inesperada vuelta al trabajo, que desde el sindicato catalogaban de “desigual, confusa y caótica”.

INCREDULIDAD

Cinco días después de la decisión, los funcionarios siguen sin entenderla y esperan que Bravo se pronuncie al respecto. El delegado del CSIF apela a que “es una decisión que podríamos encuadrar casi como personal de la propia consellera. No debe tener muy buena idea o prejuicio de lo que son los funcionarios y el trabajo en la administración y prefiere tener a todos en el puesto de trabajo”.

Pero es una decisión, además, que pone en riesgo la salud de los trabajadores. “Los funcionarios estamos desprotegidos. Cabe considerar que en la mayoría de consellerias no se puede garantizar la distancia de metro y medio con el 100% de los empleados”. Asimismo, “las condiciones de trabajo son muy negativas porque se han de abrir las ventanas para renovar el aire y los aparatos de climatización no funcionan de manera eficiente”.

Por ello, Matoses denuncia que la imposición de la vuelta a sus puestos de trabajo “ha sido una falta de respeto, porque pone en riesgo la salud de las personas y porque la administración no ha mirado por la conciliación de las familias que tienen hijos menores o mayores dependientes. Muchos van a tener que pedir excedencias, cuando podrían estar teletrabajando desde casa. Es una medida incomprensible”.

POTENCIACIÓN DEL TELETRABAJO

Matoses no duda en afirmar que “el teletrabajo es el futuro”. De la misma manera, explica, “es la herramienta más eficaz de protección para los trabajadores, que mejor rendimiento les da y, a la vez, incide en el funcionamiento de las ciudades. Que 17.000 funcionarios vuelvan a su puesto de trabajo implica que se hagan 17.000 desplazamientos que no eran necesarios realizar. Todo ello con el consecuente riesgo de propagación del virus”.

Además, el sindicato remarca que la decisión se ha tomado sin tener en cuenta la tesitura actual. “Esto no es un verano normal: las escuelas de verano están a un 50%, los trabajadores no pueden dejar a los niños con sus padres porque son personas de riesgo…”, expresa.

Del mismo modo, otro de los puntos conflictivos es que la resolución obliga a incorporarse a sus puestos de trabajo incluso a los grupos vulnerables. Al respecto, Matoses señala que “les hacen incorporarse y luego pueden solicitar una evaluación para ver si no están preparados. Están poniendo en riesgo su salud”.

“La Administración no está ganando nada. El rendimiento de los funcionarios va a ser mucho menor. Hemos hablado con muchos jefes de servicio y directores generales y nos comentaban que estaban encantados con el rendimiento de las personas en el teletrabajo”, subraya.