La Comunitat Valenciana pide más flexibilidad en fondos europeos para justicia
Con ello tanto ella como su homóloga catalana buscan poder utilizar "con mayor margen de maniobra" los recursos de los fondos europeos
La consellera de Justicia de Generalitat de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, y la de Cataluña, Lourdes Ciuró, han pedido que haya más flexibilidad en la gestión de los fondos europeos a la hora invertir en las autonomías los cerca de 60 millones previstos el próximo año para digitalizar el ámbito judicial.
En la reunión mantenida entre las responsables de Justicia de Cataluña y de la Comunidad Valenciana han coincidido la necesidad de que se mejore la «cogobernanza» para la gestión de los fondos europeos en el ámbito de la justicia.
Con ello, afirman, lograrían tener una mayor «flexibilidad y discrecionalidad» a las autonomías para aplicar los cerca de 60 millones de euros previstos el próximo año para digitalizar la justicia, según han explicado en la rueda de prensa posterior.
Bravo señala que el «problema» del modelo reparto que plantea el Gobierno en materia de justicia, hecho que ya le han advertido al ministro, que los criterios «muy estrictos» y permiten «poco margen de maniobra» a las Comunidades Autónomas para aplicar adecuadamente estos fondos destinados para aplicar nuevas tecnologías.
Para Bravo, los criterios son «muy estrictos»
La consellera valenciana ha avisado de que la situación no es la misma no es ni la misma ni similar en todas las Comunidades, ya que en algunas el proceso de digitalización está más avanzado, por lo que invertir el próximo año en las mismas aplicaciones en todas ellas no sería «igual de útil».
«Si esos criterios son tan estrictos, algunos de ellos (proyectos) no son viables, y si no los aplicamos para la finalidad prevista se pierde el dinero», ha advertido la consellera respecto a la flexibilidad de aplicar ciertas medidas
«Al igual que han hecho otros ministerios, los criterios tendrían que ser más flexibles. Queremos invertir (los fondos europeos) en digitalización, pero cada autonomía tendrá que adaptarse a sus tiempos», ha insistido al respecto.
Las conselleras valenciana y catalana también están de acuerdo en la necesidad de avanzar en la resolución de conflictos mediante la mediación de calidad, por lo que han apostado por defender que el anteproyecto de ley de segunda oportunidad que impulsa el Gobierno deje de contemplar que se retire la mediación previa en los procesos concursales.
