La Agencia Antifraude corrige al alcalde Ribó

La Sindicatura de Greuges y el Consell de Transparencia han rectificado decisiones del alcalde de València ante su negativa a facilitar documentación

Ribó: «Me ha parecido terriblemente interesante su apuesta por la intermodalidad y su apuesta para que el AVE sirva para todas las capas y sectores de clientes»

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La Sindicatura de Greuges, el Consell de Transparencia y ahora la Agencia Antifraude son tres organismos que han corregido decisiones del alcalde de València, Joan Ribó, en su negativa por entregar documentación a los grupos de la oposición en temas tan conflictivos como ha sido el fraude de los 4 millones de euros de la Empresa Municipal de Transporte. Ahora, el PP podrá conocer los informes realizados por una investigación abierta sobre las ayudas dadas por el alcalde Ribó a asociaciones vinculadas con el catalanismo en la ciudad.

Falta de transparencia

La Agencia Valenciana Antifraude ha contestado al alcalde de València, en un informe fechado el pasado 18 de septiembre, y le recuerda que sus resoluciones, una vez presentadas en el Ayuntamiento, pueden ser reclamadas por los concejales que conforman la Corporación. De esta forma corrige la decisión de Joan Ribó de negar al Partido Popular una de las resoluciones presentadas por la Agencia Antifraude en el Ayuntamiento sobre las ayudas dadas por el alcalde Ribó a asociaciones vinculadas con el catalanismo en la ciudad.

El alcalde, en junio de este año, firmó una resolución de alcaldía donde denegaba al edil del PP el acceso a esta resolución hasta que la propia Agencia no emitiera un informe al respecto.  Ahora, la dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia Antifraude concluye “que una vez tiene entrada la Resolución de la Agencia en el registro electrónico municipal, la misma forma parte de un expediente que es de competencia municipal, debiendo aplicarse al mismo las normas reguladoras de tal ámbito de actuación”.

Ante esta respuesta, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha asegurado hoy que “una vez más la Agencia Antifraude, como ya ocurrió con el Consell de Transparencia, ha vuelto a poner en entredicho la falta de transparencia del alcalde Ribó, quien ha convertido el  Ayuntamiento de Valencia en uno de los Ayuntamientos con menores niveles de transparencia en España, especialmente negando información a los grupos municipales”.

Documentación de la EMT

No es la primera vez que el alcalde de València tiene que rectificar una decisión sobre la entrega de documentación a los partidos de la oposición. El Consell de Transparencia resolvió a favor de los concejales del PP del ayuntamiento de València por su reclamación ante la negativa de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de no facilitar información al Grupo Municipal. Esta resolución confirmaba la recomendación del Sindic de Greuges que en el mes de junio ya instó a la EMT a entregar la documentación, a lo que la empresa pública de transportes se negó a aceptarla.

Las resoluciones del Consell de Transparencia, que son de obligado cumplimiento, daban a la EMT un plazo de un mes para entregar la documentación por lo que el concejal Grezzi tendría que haber entregado la documentación requerida por imperativo legal tras el fallo del Consell de Transparencia. Sin embargo, desde el Ayuntamiento no se entregaron al PP ninguno de los más de un centenar de documentos divididos en 21 bloques, que incluían desde los correos que Grezzi enviaba a los diferentes departamentos hasta como fueron los expedientes de contratación de los cargos directivos de la empresa, una vez que la Comisión de Investigación sobre la EMT ya se ha cerrado.

Ahorro de los ayuntamientos

Por último, hace unas semanas, Joan Ribó tuvo que “instar por escrito” al concejal de Hacienda, Borja Sanjuan, a que entregase también al Grupo Popular los informes donde se explicaba que a la ciudad de València le habrían correspondido 113 millones de euros como contrapartida por la cesión de los ahorros municipales. En aquella ocasión, el PP solicitaba los informes elaborados en el ayuntamiento ante el decreto del gobierno central que intentaba requisar los 15.000 millones de los ahorros de los ayuntamientos.

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