Fase1: Barceló se limita a pedir aclaraciones al Gobierno
La consellera de Sanitat se niega a facilitar los datos que ha enviado al Gobierno para pedir el cambio de Fase
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de retrasar la desescalada en algunos municipios valencianos ha dejado en shock a la autonomía y a sus gobernantes. El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanitat Universal de Salut Pública, Ana Barceló, daban por hecho que el conjunto de la Comunidad Valenciana pasaba a la Fase 1 la próxima semana. Unos anuncios que llevó al sector empresarial a tomar medidas para adaptar sus negocios, desde levantamiento de Ertes o compra de material y provisiones hasta saneamiento y adecuación para cumplir los nuevos requisitos sanitarios.
Sin embargo, ayer por la noche el equipo de Fernando Simón sorprendió al conjunto de la autonomía al anunciar que solo pasarán a la Fase 1 diez departamentos de salud: Vinarós (en Castellón), Requena, Xàtiva-Ontinyent y Gandía (en Valencia); y Alcoi, Denia, Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja (en Alicante). De esta forma se quedan fuera 14 departamentos: los cuatro de la ciudad València, Manises, la Ribera; Lliria, Sagunt, Alicante (los dos departamentos), Elx, la Plana (Vila-real), y Castellón.
Tras conocer la medida, Ximo Puig anunció que iba a pedir explicaciones al Gobierno y que reconsiderara su postura. No obstante, no ha sido él sino Ana Barceló la que ha salido a dar la cara. La consellera ha insistido en que hasta ahora les estaban poniendo desde el Gobierno una nota de «Matricula de Honor» en la gestión y dijo desconocer el motivo de la decisión actual.
Barceló se reafirma en que la Generalitat ha enviado toda la información como correspondía, aunque ha eludido hacer públicos los datos concretos argumentando «que es mucha información difícil de interpretar». Del mismo modo, continúa negándose a darlos por municipios, como reclaman los alcaldes. La consellera confía en que desde el Gobierno se aclararán los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, con importantes consecuencias económicas para la Comunidad Valenciana.
El presidente de la patronal vaelnciana, CEV, Salvador Navarro, ha calificado de gran decepción la decisión del Gobierno y ha criticado «las falsas expectativas creadas por el Gobierno valenciano, que ahondan en el daño que sufren los empresarios en la Comunidad».