"Es inconstitucional que Madrid gestione el superávit de los pueblos"

La candidata del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Català, lo tiene claro: «La propuesta del PSOE de gestionar el superávit de los ayuntamientos es inconstitucional». Además de política, la exalcaldesa de Torrent es doctora en Derecho Público: «Hay un principio básico que es el de la autonomía local que está regulado en nuestro marco constitucional y se está quebrando».

Y es que la valenciana no tiene pelos en la lengua: «Me veo como alcaldesa dentro de tres años». Ante sí tiene el reto de superar en 2023 la coalición Compromís-PSOE y huir de la extensa sombra de Rita Barberá, aunque no huye de etiquetas.

¿Se considera la sucesora de Rita Barberá?

Formalmente lo soy. Comparto su mismo proyecto político y una visión muy parecida de la ciudad y del futuro de la ciudad, por tanto, tengo muchas cosas en común con ella. También es cierto que pertenecemos a generaciones distintas, eso hace que tenga algunas posiciones más adaptadas al contexto en el que yo vivo, por lo que hay algunas diferencias evidentes.

¿Se ve como alcaldesa dentro de tres años?

La verdad es que sí. Estoy andando por el camino necesario para llegar a ostentar esa responsabilidad. He sido alcaldesa de Torrente, consellera de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, eso me ha permitido tener experiencia en el ámbito del municipalismo y conocer muy bien las necesidades de València.

¿Entre ellas está acabar con el megaproyecto de movilidad de Ribó?

Creo que hay determinadas medidas que se tienen que reflexionar con informes técnicos, sobre todo para velar por la seguridad del peatón y de los conductores. Se han adaptado decisiones de forma caprichosa sin contar con informes de la Policía, de los bomberos o de los servicios de emergencia. No se ha tenido en cuenta la flexibilidad de la ciudad y la capacidad de transitar de forma segura para las personas con movilidad reducida y para las personas que llevan carros. Creo que hay decisiones que podrían revertirse justificándolas con informes técnicos.

¿No comparte la idea de peatonalizar el centro de la ciudad?

Comparto el objetivo de hacer una ciudad mucho más cómoda donde el peatón gane espacio, pero eso no es incompatible con que se tomen medidas ordenadas con un nuevo plan de movilidad. Si se restringe el tráfico privado por una vía, hay que dar oportunidades por otra. Se puede reducir el vehículo privado, pero no a golpe de imposiciones sino de mejorar el transporte público.

Que es carísimo en estos momentos.

Y que tampoco es eficiente. Las frecuencias de la EMT son excesivamente dilatadas en el tiempo e incómodas para muchas personas. No tenemos el servicio que deberíamos tener en València. También es verdad que con Compromís gestionando esta entidad, la EMT no está centrada en mejorar el transporte público colectivo: hace obras, gestiona parkings… Hace de todo menos gestionar bien el servicio de EMT.

¿Pretende reajustarla?

Sí, totalmente. Queremos tener el mejor servicio de transporte público colectivo más efectivo de España. Pretendemos que la movilidad de la ciudad vaya más allá del carril bici, que apuesta por otras vías que también son de movilidad individual y medioambientalmente sostenibles como el vehículo compartido. Son soluciones que existen en otras capitales europeas y que aquí está costando mucho implantar.

Lo que no ha costado tanto es aprobar que el superávit de los ayuntamientos lo gestione Madrid. Muchos alcaldes valencianos consideran que es un robo a mano armada, ¿está de acuerdo?

Absolutamente. Además, es inconstitucional. Hay un principio básico, el de la autonomía local, que está regulado en nuestro marco constitucional y se está quebrando. Si esta iniciativa sigue adelante y se aprueba en el Congreso de los Diputados puede ser objeto de un recurso de inconstitucional o bien de una cuestión de competencia con la autonomía local, que es otro tipo de procedimiento que hay en el Tribunal Constitucional que se puede instar cuando una Administración tiene injerencias en la competencia de otra.

¿Está convencida de ello?

Absolutamente segura. Es una decisión atacable desde el punto de vista constitucional. Es ilegal.

Como exconsellera de Educaión y candidata a la alcaldía de València, ¿cómo puede afectar a la ciudad el acoso constante a la educación concertada?

Es un ejercicio de hipocresía por parte de la izquierda. En primer lugar, ellos fueron los que pusieron en marcha la educación concertada en los años 80. Además, es que muchos de ellos confían en ella para la educación de sus hijos y, aún así, públicamente tienen un actitud de rechazo. Se trata de una red que es complementaria con la pública y que tiene grandes profesionales. Hay que apostar mucho por la educación pública, pero también hay que tener en cuenta que en algunos barrios se puede prestar un servicio de educación concertada. No se puede mermar la capacidad de elección de los padres para la educación de sus hijos. Además, la inversión por niño y año en la educación pública de la Consellería es el doble en la pública que en la concertada.

¿Cree en la educación pública?

Sí. Conozco centros educativos y profesionales muy buenos y que tienen mucha demanda, pero creo que tiene que ser elegida libremente por los padres por su valor y por su calidad, pero no por castigo.

¿Ahora mismo es así?

La diferencia entre el Partido Popular y la izquierda es que ellos quieren que la gente vaya a la pública porque no tienen más opción y nosotros queremos que se escoja libremente por su calidad. Y eso parte por tener una sana red de complementariedad con la educación concertada.