Entra en vigor la nueva Ley del Juego impuesta por el Botànic

«Estoy convencido que entre un 10 y un 20% de los bares de la Comunitat Valenciana no volverán a abrir las puertas», afirmaba Fidel Molina, impulsor de la plataforma SOS Hostelería, cuando era preguntado por los efectos que tendrían la nueva Ley del Juego impulsada por el Gobierno del Botànic. Unos datos alarmantes que junto con la pérdida de 7.000 empleos, entre salones de juegos y establecimientos hosteleros, no detuvieron a los 52 votos a favor del Botànic. Hoy, 16 de junio, la Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana queda oficialmente implantada.

Así, los salones de juego y casas de apuestas deberán encontrarse a 850 metros respecto a centros escolares. Asimismo, se establece una distancia mínima de 500 metros entre los nuevos salones de juego, bingos y casinos, no para los ya activos. Tampoco, la Generalitat podrá conceder nuevas licencias ni permisos de explotación de nuevas máquinas hasta dentro de cuatro años.

Por otra parte, las máquinas deberán permanecer sin luz ni sonido cuando estén desactivadas. De hecho, las tragaperras que están dentro de locales de hostelería tendrán que implantar un mecanismo de activación y desactivación. Los hoteleros tienen la obligación de instalar este sistema en un año. De esta forma, la compra de las nuevas máquinas supondrá un gasto extra que aumenta de forma exponencial la deuda perpetrada por el cierre obligado durante el confinamiento. Al precio se une otro factor, el tiempo. Y es que el proceso de la instalación de las nuevas máquinas supone varios meses hasta el cambio definitivo y su respectiva homologación

Además, la ley plantea la eliminación progresiva de las máquinas auxiliares de apuestas conforme vayan acabando las licencias y se incorpora un título nuevo en la norma sobre medidas de prevención del juego patológico. Otra de las novedades es impedir el acceso a quienes presenten síntomas de embriaguez o figuren en el registro de personas excluidas de acceso al juego de la Comunitat. Sobre este último apunte, Molina señalaba que “la LOPD y el reglamento europeo de protección de datos es muy claro al respecto y no me parece que sea muy legal que todos los camareros de la Comunidad Valenciana puedan acceder libremente a este registro».

En cuanto a la publicidad, queda restringida en los medios de comunicación públicos autonómicos como la radiotelevisión valenciana À Punt y se incentivará con beneficios fiscales y ayudas a medios, clubes deportivos y asociaciones que hagan campañas contra la ludopatía.

Por el incumplimiento de esta normativa, las multas irán de 601 a 6.000 euros y podrán llegar a la suspensión temporal de la autorización o el cierre del local por un año. Las sanciones muy graves ascenderán hasta 600.000 euros y a suspensiones de cinco años. Toda la recaudación irá destinada a financiar programas de prevención y lucha contra la ludopatía.