Los empresarios de Valencia, Murcia y Andalucía se rodean de PP y PSOE para reivindicar el agua

Los empresarios de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hicieron ayer una demostración de fuerza territorial. Pararon sus empresas y, con ayuda de administraciones locales, trasladaron a buena parte de sus empleados a Madrid para reivindicar, junto al PP y el PSOE, que el sureste español necesita el agua con la que mantener la agricultura. 

Llevaron el debate al peso económico que supone la agricultura, reivindicando que hay en juego 16.000 empleos, y al valor de sostenibilidad que implica tener los campos cultivados. Se puso en valor que son la huerta de Europa y proporcionan “alimentos asequibles a la población”.  

La concentración rompió el argumento de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que estamos ante una “guerra del agua” en el sentido de una pugna política entre el PSOE en el gobierno y el PP en la oposición. Así lo certificaron todos los partidos políticos valencianos presentes en la manifestación que en este asunto remaron en la misma dirección abogando por la conciliación, la solidaridad y la solución del conflicto.

Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura (PSOE), suplió a Ximo Puig en la concentración y se centró en la conciliación. “No hemos empezado una guerra del agua”, apuntó el valenciano, para indicar que horas después de la concentración iba a tener “una reunión con el Ministerio y así seguiremos explorando cualquier vía de diálogo y conciliación de intereses”. De este modo, siguió explorando la vía de la conciliación.

El resultado de esa reunión con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente fue “una reunión breve, de cortesía” en la que desde el gobierno valenciano se ha trasladado “nuestro malestar y nuestra posición” en una cita “sin avances”. 

Además de la conciliación, Roger Llanes sí que siguió la línea de la ministra socialista de Transición Ecológica de atribuir la “guerra del agua” al “Partido Popular y sus intereses electorales”.  Carlos Mazón, presidente del PP en la Comunidad Valenciana, describió la situación como un PSOE de Pedro Sanchez agresor frente a una comunidad valenciana herida. 

“Veo un hacha desenterrada por el partido socialista que 22 veces ha recortado el trasvase Tajo-Segura y ahora viene con el hachazo definitivo, que es este proyecto de recorte definitivo. Nosotros estamos en la justicia, en la solidaridad y en la legítima defensa pero el que hable de guerra y la siga fomentando, que sepa que a alguno nos va a tener enfrente”, explicó Mazón a Economía Digital, que también cargó contra Ximo Puig por no estar en la concentración defendiendo a los valencianos.

Desde Compromís, socio de Ximo Puig en el gobierno valenciano, la consellera de Agricultura, Isaura Navarro (Compromís), aseguró que su postura es: “Siempre acuerdo, diálogo y conciliación. Las guerras no llevan a ninguna parte. Lo que no tiene sentido es que el gobierno reabra la guerra del agua. El consenso estaba en el texto anterior, que fue aprobado por abrumadora mayoría en el Consejo Nacional del Agua y no en el que han remitido al Consejo de Estado que sólo satisface a Castilla-La Mancha”. 

El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, añadió a este periódico la necesidad de que el ministerio “dé una solución a los miles de agricultores afectados” y, para ello, apuntó que “somos partidarios de un acuerdo que haga rectificar al Ministerio y que sea razonable”. 

De este modo, gobierno y oposición de la Comunidad Valenciana mostraron una unidad en la que se enfatizó en el peso de la agricultura, tanto a nivel económico como medioambiental que se produce en las provincias de Alicante, Murcia y Almería, frente a la batalla judicial planteada por Teresa Ribera.  

La visión desde fuera de la Comunidad Valenciana sí que se puede asemejar más a la guerra del agua en la medida de que los gobiernos del PP cargaron frente al ministerio del PSOE. Fernando Lopez Miras, presidente del gobierno murciano, mostró su rechazo al recorte del trasvase y tildó la decisión de “estrictamente política, partidista y sectaria del Gobierno de España de recortar el trasvase, sin un solo informe científico o técnico que avale la decisión”. 

La consejera de agricultura andaluza, Carmen Crespo, insistió en que el recorte al trasvase es “una decisión basada en argumentos políticos, no en informes científicos”, a lo que añadió que el gobierno ha “traicionado el entendimiento alcanzado por comunidades autónomas y regantes en el Consejo Nacional del Agua”. 

Entre las voces discordantes con el recorte del trasvase, la postura más diferente fue la de Vox. Santiago Abascal, que estuvo en la concentración sobre el trasvase del Tajo al Segura, declaró: “Ni agendas globalistas ni cesiones separatistas pueden impedir el acceso al agua de todos”. 

Ribera alude al interés general

La respuesta de la ministra de Transición Ecológica a la concentración de los regantes del trasvase Tajo-Segura se produce en un contexto en el 15.000 agricultores de Alicante, Murcia y Almería se habían desplazado a Madrid para reivindicar que su trabajo es fuente de econoḿia y sostenibilidad medioambiental ya que los cultivos generan empleo y alimentos asequibles que son consumidos por el conjunto de España, además de la aportación a la balanza de pagos que suponen sus aportaciones. 

«Nuestra obligación como Gobierno es encontrar la mejor solución desde el punto de vista del interés general y las mejores respuestas para maximizar las soluciones de lo que nos está planteando cada cual. Pero todo a la vez es muy difícil», dijo ayer Teresa Ribera. 

La ministra interpretó que el objetivo de la concentración era eliminar el caudal ecológico y, por ello, dijo que es inviable la petición porque el Tribunal Supremo obliga a la fijación de dicho “caudal ecológico”. 

Desde la concentración, tal y como explicaron a Economía Digital desde los agricultores de Alicante (y coinciden todos los partidos políticos valencianos), es la ausencia de informes técnicos que determinen de manera científica qué nivel de caudal tiene que tener el Tajo para trasvasar agua al Segura y cómo se debe medir dicho caudal ecológico lo que ha convertido en una decisión únicamente política el recorte al trasvase que amenaza el empleo y el medio ambiente del sureste español.