El Tribunal de Cuentas investiga los contratos de emergencia de 2019 otorgados por Ribó
El PP ha revelado este requerimiento, el segundo que recibe el gobierno de Ribó en menos de seis meses
Ribó ya ha sido acusado de repartir sobresueldos. Foto: EFE/Juan Carlos Cardenas.
El Ayuntamiento de Valencia lleva seis años cogobernado por Compromís y el PSPV, tras 24 años de hegemonía del PP, el Govern del Rialto ha realizado múltiples cambios en la ciudad. Este miércoles, los ‘populares’ han desvelado que el Tribunal de Cuentas ha reclamado al consistorio los contratos de emergencia adjudicados en 2019.
La viceportavoz del PP, María José Ferrer San Segundo, ha sido la responsable de dar a conocer estos hechos. Además ha exigido que también les entregue a ellos «esa solicitud del Tribunal de Cuentas con todo el expediente que de ellos derive».
«Transparencia» y «coherencia», ha pedido al alcalde, Joan Ribó. El Tribunal de Cuentas, «en el ejercicio de su función fiscalizadora», ha solicitado al Ayuntamiento «la remisión certificada» de «todos los contratos de emergencia adjudicados en el ejercicio 2019» por parte del consistorio, «incluidos los adjudicados por sus entidades vinculadas y dependientes».
Según el PP, Ribó ha adjudicado a través de este procedimiento más de 20 millones
Los contratos de emergencia, según la Generalitat Valenciana, son aquellos que se dan cuando es necesario «actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que suponen grave peligro, etc.«. Suelen suponer un procedimiento de adjudicación por el trámite de emergencia, de acuerdo con lo que establece la normativa de contratación
«Se trata del segundo requerimiento que recibe el gobierno de Ribó en menos de seis meses», ha expuesto la portavoz adjunta, que ha censurado que se trata de información que «sistemáticamente se ha denegado al grupo ‘popular'».
La representante del PP ha manifestado que «en lo que llevamos de legislatura ya ha adjudicado más de 20 millones con este procedimiento».
En junio, el juzgado abrió una causa contra el consistorio tras recibir varias demandas de los empleados, al detectar algunas anomalías en las bolsas de trabajo.
Pero esta no fue la única polémica de junio, ya que la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), informó que se iba a investigar contratos que la Concejalía de Emergencia Climática y la Fundación Valencia Clima había adjudicado por un valor de 61.000 euros.
Además, Ribó ha sido acusado por la AVA de repartir sobresueldos a los concejales que tenían en 2019 una retribución parcial.
