El Supremo decidirá sobre las restricciones tras el estado de alarma

Tras el fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, los gobiernos autonómicos verán limitadas las posibilidades de aprobar las medidas contra la Covid-19. Este martes el Gobierno va a aprobar un decreto para que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien tenga la potestad de ratificar o no las restricciones.

Esta decisión tiene como objetivo unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias, y en algunos territorios se permitieron restricciones que en otros no, según fuentes consultadas por Europa Press.

Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus.

Intenciones de las CC.AA.

Todo apunta a que la perimetración de los territorios se va a levantar. Algunas comunidades ya han anunciado que el toque de queda se mantendrá, aunque algunas ya han dicho que se flexibilizará el horario. Es el caso de Cataluña, Comunitat Valenciana, Asturias, Castilla la Mancha o el País Vasco.

En el caso de la Comunidad de Madrid, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado a favor durante la campaña de mantener las mismas medidas que tiene ahora la región, menos el «palo severo» del toque de queda.

Por su parte, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su equipo se reunirá la próxima semana con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para aclarar cuál va a ser el nuevo escenario.

Otras disposiciones

El decreto de este martes también incluye otras disposiciones para controlar los pasajeros internacionales, y aprueba la prórroga de algunas medidas del escudo social cuya vigencia iba ligada al estado de alarma, como la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión dela Covid.

También se mantiene la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre. Y se mantiene hasta el 9 de agosto la garantía de suministro de agua y energía y el bono social; la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; y la consideración de servicios esenciales a los recursos contra la violencia de género.