El juez abre juicio oral contra Rus y Rubio por el caso Imelsa
Los dos excargos públicos se encuentran en prisión por su supuesta implicación en la operación Azud
También se ha abierto el procedimiento para otras 24 personas presuntamente implicadas. Foto: EFE.
El caso Imelsa lleva años salpicando a los dos partidos más votados de la Comunitat Valenciana, el PPCV y el PSPV. Este viernes han vuelto a saltar a la palestra los protagonistas, el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus (PP), y el exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio (PSPV), ya que el Juzgado ha abierto juicio oral contra ellos.
También se ha incluido a otras 24 personas supuestamente implicadas en el caso a este procedimiento, en el que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.
Rus y Rubio se encuentran en prisión desde el sábado por el caso Azud ante su posible participación en cobrar sobornos a cambio de adjudicaciones públicas a diferentes mercantiles.
Las fianzas impuestas por la instructora a los implicados suma 3,8 millones de euros
La instructora ha abierto juicio oral por delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.
También ha establecido unas fianzas que suman más de 3,8 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de los implicados.
Tal y como recogía el auto de procesamiento, Alfonso Rus, su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y Máximo Caturla utilizaron dicha mercantil «en beneficio propio» y contrataron a trabajadores «para responder a favores solicitados por terceras personas».
En muchos de esos casos los empleados tenían la condición de asesores de miembros del consejo de administración de Imelsa, pero no desarrollaron ningún trabajo para la empresa.
Se calcula que en ambas empresas públicas (Imelsa y Ciegsa) se contrataron a 17 personas de forma irregular
Estas contrataciones «se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad«, según el informe de la Intervención General de la Administración.
La juez enumera a 12 personas contratadas en este periodo en Imelsa por orden de Rus que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación. Algunos de ellos llegaron a cobrar por menos de dos años entre 57.000 euros y más de 89.000 euros.
De igual modo, existen otras cinco contrataciones presuntamente irregulares en Ciegsa, la empresa de la Generalitat Valenciana dedicada a la construcción de colegios e institutos, cuyo consejero delegado entre 2003 y 2007 fue el también secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.
