El Consell inicia la batalla legal para dejar de financiar el circuito de Fórmula 1 de Valencia

El Gobierno de Ximo Puig quiere acabar con los pagos de la financiación del circuito de Fórmula 1 de la ciudad de Valencia. Su equipo jurídico ha presentado una solicitud para declarar como nulo el convenio que se firmó en el año 2007 para llevar a cabo las obras de las infraestructuras.

El acuerdo seguía arrastrando unos pagos anuales de 7,5 millones de euros que la Generalitat quiere desterrar. El vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado ya la solicitud ante el Consell Jurídic Consultiu al entender que el convenio presenta irregulares.

«Lo que iba a ser una inversión a coste cero ha acabado siendo una enorme losa para las arcas públicas valencianas«, ha advertido el dirigente que actualmente ostenta el puesto como presidente del consejo de dirección de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, lo que le ha permitido formalizar la petición.

El Gobierno achaca estos pagos a la «gestión irresponsable» del expresidente popular Francisco Camps, que fue el encargado de traer la competición de Fórmula 1 hasta la capital valenciana, de la mano de la alcaldesa Rita Barberá.

El Gobierno justifica que el convenio no pasó todos los cauces administrativos

El actual equipo de Gobierno ha detectado irregularidades en el procedimiento administrativa, con las que pretende dar carpetazo a esta deuda. «El procedimiento llevado a cabo para su firma no siguió los protocolos establecidos«, ha argumentado Dalmau.

Entre los errores identificados, han defendido que el documento no fue firmado por el Consejo de Administración del Gestor de la Red de Transportes y Puertos (GTP) y que tampoco fue aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Valencia, a pesar de que implicaba cambios en la estructura urbanística de la ciudad.

El acuerdo establecía que la GTP avanzaría el dinero, pero que después serían los propietarios los que deberían reembolsarlo, sin embargo jamás se les llegó a informar de sus obligaciones. «Nunca llegaron a ser notificados de esta obligación ni pudieron hacer alegaciones en su defensa», ha justificado.

La decisión del Consell Jurídic Consultiu será de carácter vinculante. Si finalmente se declara nulo el convenio, desde el Gobierno ya han pedido que el propio organismo solicite responsabilidades a las personas que lo pusieron en marcha.