Detenido el subdelegado del Gobierno en Valencia por el presunto cobro de mordidas

La Guardia Civil ha detenido esta mañana al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al exvicealcalde del Ayuntamiento de la capital, Alfonso Grau, por su presunta participación en una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Ambos forman parte de la investigación del caso Azud, que analiza el cobro de comisiones en el entorno de Rita Barberá.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han arrestado a Rubio a primera hora del día en su propio domicilio, acusado de facilitar supuestamente la adjudicación de diferentes infraestructuras en suelo público a cambio de recibir una compensación económica, según ha publicado Europa Press.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha reaccionado minutos después con un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter en la que muestra su respeto con la actuación de la Justicia y anuncia el «cese inmediato» de Rubio como consecuencia de la investigación.

La operación policial se ha desplegado para arrestar también de forma simultánea a Alfonso Grau, el que fuera la mano derecha de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia durante sus mandatos. Su hija y el constructor Jaime María Febrer también han sido implicados en esta trama de corrupción urbanística.

El caso Azud cobra fuerza en su segunda etapa

Se trata de la segunda etapa de detenciones que se produce en el marco del caso Azud, desde que la Fiscalía Anticorrupción pusiera en marcha esta investigación que trata de probar el presunto cobro ilegal de comisiones desde el Consistorio valenciano a contratistas urbanísticos.

La operación arrancó en abril de 2019 con la detención de José Luis Corbín, el cuñado de la fallecida alcaldesa del Partido Popular, Rita Barberá, al que se sitúa como uno de los artificies de esta presunta red de comisiones a través de su despacho de abogados. La hermana de la primer edil y tres de sus hijas también pasaron a disposición de la Justicia.

Los hechos investigados se remontan a 2005 cuando los investigadores han situado los primeros actos delictivos y se prolongan durante toda una década hasta 2015. Abarcan diferentes legislaturas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Sobre la mesa están los supuestos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

El origen de la investigación se debe a una inspección fiscal realizada por la Agencia Tributaria a Corbín. La intervención se saldó con la regularización de 600.000 euros, pero el origen del dinero dio lugar a las primeras pesquisas que acabaron con la detención de buena parte de la familia de Rita Barberá.