Archivado el caso contra el ex presidente Francisco Camps por el aval público a la F1
La juez considera "evidente" que no siguió el procedimiento adecuado, pero concluye que "no puede asegurarse que fuera el propio Camps" el responsable
El ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, logra otra victoria provisional en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia tras el cierre temporal de la causa abierta por el contrato mediante el cual el Gobierno regional sustituyó a la ya extinta Bancaja como avalista de la empresa Valmor, organizadora inicial de los grandes premios urbanos de Fórmula 1 que se disputaron en Valencia.
En el auto de caso, según apunta Efe, que ha tenido acceso al mismo, la instructora considera «evidente que no se siguió el procedimiento adecuado» en lo relativo al citado aval, pero concluye que «no puede asegurarse que fuera el propio Camps el que determinara la sustitución de Bancaja por (la sociedad pública) SPTCV, pues ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto».
Además, se apunta que la Fiscalía Anticorrupción apunta que «el presunto responsable del delito no pudo tener la conciencia de actuar en contra del ordenamiento jurídico, porque no había, y no hay en la actualidad, norma de aplicación que haya resultado infringida» al respecto de la legalidad que podía tener ese aval.
Camps no es el pudo ser consciente del posible delito según el auto
La fiscal consideró que, en caso de existir, el papel de avalista duró poco, ya que adquirió la empresa Valmor, «perdiendo así la condición de garante de las obligaciones de esta firma y asumiendo directamente, a través de dos empresas públicas, la organización del evento y las obligaciones contenidas en los contratos firmados» con las empresas del magnate Bernie Ecclestone
La causa, en la que habían figurado también como investigados el ex piloto y empresario Jorge Martínez ‘Aspar’ y la ex consellera Lola Johnson, había quedado recientemente circunscrita únicamente al ex president Camps y al referido aval. La defensa del ex presidente ha argumentado en reiteradas ocasiones que, además, este contrato jamás llegó a entrar en vigor.
«Este caso fue archivado inicialmente por la jueza instructora en diciembre de 2018 con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, pero que se reabrió meses después a petición de la Abogacía de la Generalitat, que mantenía su petición sobre la continuidad del procedimiento», según apunta EFE.