Antifraude detecta pagos injustificados de más de 8 millones en el Ayuntamiento de Valencia

Nueva polémica en el Ayuntamiento de Valencia. La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha destapado pagos injustificados que superan los ocho millones de euros a la concesionaria del servicio de grúas municipal.

Según el organismo, la empresa lleva prestando servicio de retirada y depósito de vehículos sin contrato desde 2017. Además, apunta que se ha estado abonando más de lo que se debería a dicha sociedad. Así, desde que terminó el anterior contrato, hace cuatro años, no se ha vuelto a convocar un concurso público.

La empresa ha tenido «garantizados los ingresos mensuales», unas ganancias que se han visto incrementadas de forma «significativa». La compañía es Pavapark-Auplasa, quien se llevó la concesión en 2014, cuando Rita Barberá ocupaba la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia.

Entonces no se cumplieron las previsiones que figuraban en el contrato y en vez de hacer 6.000 retiradas mensuales, estas no alcanzaban la mitad. Una situación que provocó que la Unión Temporal de Empresas (UTE) solicitase un cambio en las condiciones del acuerdo para que fuese rentable.

El cambio de criterio

Ante la negativa del consistorio, en el que ya gobernaba Compromís junto al PSPV, se decidió resolver el contrato. «El Ayuntamiento de Valencia ha impuesto, como nuevo principio de su política de movilidad, la gestión del servicio con el criterio de la grúa amable, con las graves consecuencias que origina ante la actual situación de inviabilidad económica», apuntó la UTE.

El asunto llegó a los tribunales, que dieron la razón al Ayuntamiento. Posteriormente, se llegó a un acuerdo entre ambas partes para la resolución del contrato, el pago a la empresa de 2,5 millones de euros y un nuevo concurso público.

Así mismo, en el transcurso de tiempo hasta que se concediese el nuevo contrato, el Ayuntamiento debía pagar mensualmente 360.000 euros a la UTE, sin importar el número de vehículos que retirase de las calles. De esta forma, la institución comenzó a abonar una cantidad fija, en vez de una variable en función de las operaciones realizadas.

No ha habido seguimiento de los servicios de retirada

La Agencia Valenciana Antifraude señala que las explicaciones aportadas por la Policía para este cambio no son suficientes e imposibilitan «fiscalizar la adecuación del precio». De esta forma, se modificó «en su totalidad el sistema retributivo», causando la exoneración «de todo riesgo de la prestación a la empresa».

Antifraude ha calculado ahora que, mediante esta fórmula, el Ayuntamiento ha pagado 8,4 millones de más. Es decir, si antes de 2017 se pagaba a 112 euros la operación, esta subió hasta 253 posteriormente, un 225% más.

«Ello podría implicar una vulneración de los principios que rigen la contratación administrativa», señalan. Además, en este periodo de cuatro años se registra «una minoración de los costes de la prestación para la empresa», ya que «el capítulo de gastos de personal se ha reducido sustancialmente».

Por otra parte, «no se están realizando seguimientos periódicos de la prestación del servicio». Ahora, se ha concedido un tiempo de respuesta al Ayuntamiento de Valencia antes de concluir este informe.