Antifraude cifra en más de medio millón la cantidad supuestamente defraudada por Francis Puig y sus socios

La trama del fraude del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Francis Puig, se trató en la sesión de ayer en Les Corts. En ella compareció el director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), Joan Llinares, quien cifró en 530.000 euros las subvenciones recibidas por las empresas investigadas en esta trama.

El director afirmó que «buena parte» de las subvenciones se puede estar destinando a «las alcantarillas de la corrupción«, y según indicó, la razón principal es la falta de personal en el organismo.

En la memoria entregada por la AVA en 2019 se estableció que la cifra que desde el inicio de su actividad, en 2017, han estimado 1,73 millones de euros de prácticas fraudulentas. De estos, el director cifró en 530.000 euros, la cantidad recibida por Francis Puig y sus socios. Es decir, aproximadamente, un 30% del total.

Los populares llevan semanas atacando a la institución por haberse negado a entregarles documentación de la investigación. De hecho el diputado del PP, Fernando Pastor, afirmó: «Es una atropello a los derechos de los diputados. Su antipatía y hostilidad a este grupo se ha demostrado en el escrito que ha enviado a la Cámara».

Por su parte, Llinares, en su comparecencia en la Cámara señaló que haberse negado a proporcionarla no fue con «ánimo de ocultar nada incluso si afecta a una persona política». Además, el director de Antifraude destacó que la corrupción produce «un problema de reputación» que conlleva un perjuicio sobre las inversiones y termina «generando pobreza». Finalizó su discurso alegando que «casos hay en todos lados«.

Las empresas que forman parte de esta trama, encabezadas por Francis Puig y los Adell Bover, están acusadas de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en las subvenciones. Esta investigación se inició tras la querella presentada por el Partido Popular en noviembre de 2019.

¿Qué es la AVA?

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) se crea en 2017 como «instrumento de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción«. En la presentación de la memoria del 2019, se ha anunciado que se han publicado las resoluciones de las investigaciones que ha llevado a cabo la institución, que son un total de 51.

Todas ellas son anónimas dado que la AVA prioriza la protección de los denunciantes en los casos que haya alto riesgo profesional y personal que supone, la inexistencia de canales seguros y confidenciales y la desconfianza de que se lleve a cabo una adecuada y rigurosa investigación. 

Para que las denuncias sean anónimas existe un Buzón de Denuncias online, y que sirve para que el organismo investigue posibles fraudes cometidos en instituciones públicas. En dos años las denuncias han aumentado un 33%. La mayoría de estas proceden de Valencia, seguido por Alicante y Castellón. Llinares justificaba esto por la «tradicional centralización de las instituciones administrativas, sobre todo en su capital».

El director también subrayó que las causas de las acusaciones cambiaron en 2020. Antes estaban centradas en las actuaciones de la Administración local y en la contratación y la gestión de los recursos humanos, mientras que el pasado ejercicio pasó «del ámbito de los recursos humanos, como principal causa de denuncia, a ser la contratación pública«, afirmó Llinares.