Los agricultores estallan contra la Generalitat por derrochar 795.000 euros en expropiar Parc Sagunt II
La Unió Llauradora i Ramadera y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) critican el gasto destinado a la contratación de abogados para llevar a cabo los juicios contra la expropiación de los terrenos
Vista general de los terrenos de Parc Sagunt II. EFE/Manuel Bruque
Los agricultores valencianos han estallado contra la Generalitat por su gestión en el proceso de expropiación de Parc Sagunt II, los terrenos en los que se ubicará la futura gigafactoría de baterías del grupo automovilístico Volkswagen. Tanto el colectivo Unió Llauradora i Ramadera, como la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), han puesto el grito en el cielo después de conocer que la empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE) destinará 795.000 euros a la contratación de abogados para llevar a cabo los juicios contra la expropiación de los terrenos.
«EEE ha publicado una licitación, cuyo plazo de presentación acaba mañana, con un valor estimado de 700.000 euros para contratar los servicios de asesoramiento y defensa letrada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana», han afeado a través de un comunicado, tras consultar los datos difundidos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, dependiente del Ministerio de Hacienda.
El importe podría dispararse más si se contratan peritos independientes, pero también si pierden los pleitos y se deben pagar las costas de los juicios
En esta línea, han hecho hincapié en que a este importe conviene sumarle otros 95.000 euros, dado que el EEE ya adjudicó la contratación de procuradores para este proceso judicial al despacho madrileño María del Mar de Villa. Un montante que aún podría dispararse más si el EEE decide contratar peritos independientes, pero también si pierde los pleitos y es condenado a pagar las costas de los juicios. «Debería sufragar los gastos de la defensa de los expropiados y los intereses, en torno al 10% del total litigado, derivados del retraso de los pagos durante los años que dure el juicio», aseguran.
Un proceder «kafkiano y ridículo»
Los dos colectivos de agricultores han reprochado a la Generalitat valenciana que prefiera «gastarse el dinero público en abogados madrileños antes que en agricultores valencianos». Así, han recordado que el EEE se ha decantado por acudir a la justicia, si bien «en la mayoría de procesos se suele tener en cuenta el justiprecio que avala el jurado provincial de expropiación, un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de legalidad, veracidad y acierto».
El secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris y el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, ha criticado el proceder del Gobierno valenciano y ha tildado de «kafkiano y ridículo» el hecho de recurrir contra la valoración del jurado de expropiación que, tal y como han subrayado, cuenta con amplia presencia de la Administración Pública. También han enfatizado el sinsentido de ofrecer a los expropiados para que los defienda la abogacía del Estado si deciden no personarse, que se sufragaría con dinero público para «enfrentarse a la misma Administración».
Con todo, los dos colectivos han dirigido una carta conjunta al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para pedirle «un punto de encuentro que permita proporcionar una solución beneficiosa para los propietarios de los terrenos». Así, le ha emplazado a demostrar que está del lado de los trabajadores del campo y que vela por que la iniciativa empresarial del grupo automovilístico, pero sin que sea «a costa del “bolsillo de los agricultores».
