Ximo Puig pagó 34 millones extra por Volkswagen a 10 días del 28M para evitar conflictos judiciales
La compra de los terrenos de Parc Sagunt II ha tenido un coste de 121 millones de euros para Espacios Económicos Empresariales y el 18 de mayo se decidió desistir de la vía judicial frente a las reclamaciones de los agricultores que pedían mejores valoraciones de sus terrenos expropiados
El president de la Generalitat, Ximo Puig (centro), estrecha la mano a Sebastian Wolf (izda), jefe de operaciones de Power Co, junto a Alfonso Sancha, vicepresidente de compras de SEAT, tras la firma del convenio de colaboración para el desarrollo de la planta de baterías de Sagunto hace un año. EFE/Ana Escobar
Ximo Puig tapó con 33,6 millones de euros el conflicto por las expropiaciones del terreno sobre el que se levantará la gigafactoría de Volkswagen cuando faltaban 10 días para las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Así se refleja en la auditoría de las cuentas de 2022 de Espacios Económicas Empresriales (EEE) cuya decisión de 18 de mayo de 2023, es decir, ya fuera del ejercicio auditado, centra la auditoria firmada por PKF.
La auditoría explica que principalmente durante el ejercicio 2022 se adquirieron los terrenos que conforman el ámbito de Parc Sagunt II, que son más de cinco millones de metros cuadrados con un coste final que supera los 120 millones de euros. Hasta el momento, se había informado de que el coste de las expropiaciones superaba los 80 millones de euros y que la parcela de 1,3 millones de metros cuadrados que se le vendía a PowerCo, la filial de Volkswagen que levantará la gigafactoría, había tenido un coste de 63,66 millones de euros.
Ahora se especifica la cifra exacta: 121.175.000 euros ha costado el proceso expropiatorio de Parc Sagunt II. Dentro esta cantidad «y debido a que los administradores de la Sociedad, con fecha 18 de mayo de 2023, acordaron desistir de las acciones procesales con los valores de los terrenos fijados por el Jurado de Expropiación, se encuentran activados 33.627.000 euros como incrementos de los justiprecios», tal y como se refleja en la citada auditoría.
Este conflicto se inició en enero cuando las asociaciones agrarias denunciaron que Espacios Económicos Empresariales (50% Generalitat y 50% Sepides) estaba proponiendo precios de expropiación que oscilaban entre 10 y 15 euros cuando los agricultores consideraban que debían percibir 40 euros por metro cuadrado expropiado.
El baile de cifras durante este conflicto partió de los 1.073 euros, que es el caso más pequeño del que informaron AVA y La Unió referente a un agricultor cuya petición fue judicalizada por parte de la Generalitat. Días después, desde el sector agrario denunciaron que la Generalitat se gastaba 795.000 euros en contratar abogados en vez de pagar directamente a los agricultores el justiprecio que reclamaban.
La estimación sobre el coste que podía tener este proceso se fijó por parte de AVA y La Unió en 25 millones de euros mientras que fuentes consultadas por este periódico del sector de la obra pública y cercanos al proceso de la gigafactoría apuntaron en enero que el agujero se elevaría por encima de los 32 millones de euros.
La auditoría de la entidad presidida por Maria José Mira especifica el sobrecoste de 33,6 millones de euros. «De ellos, 16.079.000 euros se corresponden con los incrementos de los justiprecios dictados, a fecha de reformulación de las cuentas anuales abreviadas, por el Jurado Provincial de Expropiación, siendo el importe restante, 17.548.000 euros, la mejor estimación sobre la cuantía probable a la que la sociedad deberá hacer frente en los procesos pendientes de resolución por parte del Jurado Provincial de Expropiación.
Maria José Mira es la secretaria autonómica del gobierno de Ximo Puig que preside la sociedad pública Espacios Económicos Empresariales, puesto que actualmente mantiene. Fue cesada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El pasado viernes, Mazón rectificó su cese, de manera que volvió a ser secretaria autonómica. Maria José Mira dijo el día antes de la anulación de su cese tener un contrato firmado con una empresa privada para empezar a trabajar el 1 de septiembre mientras que en sus últimas declaraciones en la cadena Ser ha asegurado que se mantendrá en política de dos a tres meses como máximo.
