Una ley con mucho en Juego

La nueva Ley del Juego de la Comunitat Valenciana está dando mucho «juego». El texto, que se iba a aprobar hoy en Les Corts con los votos a favor de PSPV, Compromís y Unidas Podemos se ha pospuesto para este jueves por el recurso que VOX ha presentado al sistema elegido por la Cámara del voto ponderado, donde cada portavoz parlamentario de los grupos con representación iba a votar por sí mismo y por todos los diputados de su formación. Representantes del sector se han concentrado frente a la sede parlamentaria para mostrar su disconformidad con el texto normativo.

La Ley cuenta con el respaldo de los miembros del Gobierno del Botànic y la férrea oposición del resto de grupos parlamentarios, empresarios, hosteleros y trabajadores del sector que ven con preocupación la viabilidad de muchos puestos de trabajo y el perjuicio para salones de juego o bares. De hecho, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha pedido que se tenga en cuenta la crisis económica provocada por el Covid-19 y que no se pongan en peligro más puestos de trabajo con la aprobación de la Ley del Juego de la Comunidad. Algo que también han realizado asociaciones del juego como Andemar CV, Anesar CV, Apromar, Asvomar; las patronales del sector del juego privado Cejuego y Anesar; la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), y el sindicato UGT, que han pedido de forma conjunta la paralización de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana,  por los «grandes estragos» en el empleo.

Desde el sector ya se ha apuntado que recurrirán a todos los organismos nacionales y europeos para paralizar la norma. El representante de SOS Hostelería, Fidel Molina ya indicadaba este fin de semana en una entrevista en Economía Digital que pedirán responsabilidad patrimonial a los políticos que aprueben la Ley. De hecho, ya están preparando una “dura ofensiva legal” contra la ley del juego con un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero también denunciarán la norma ante la Agencia Española de Protección de Datos y el Parlamento Europeo por vulneración del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Además, Molina se lamentaba de la falta de diálogo con el Gobierno de Ximo Puig y del conseller de Hacienda Vicente Soler del que lleva esperando una respuesta «casi dos meses».

Los empresarios señalan que esta nueva Ley se ha creado por cuestiones ideológicas y se han quejado de la actitud de algún representantes de las fuerzas que componen en acuerdo del Botànic. Sin ir más lejos, este fin de semana el senador de Compromís, Carles Mulet ha tenido un tenso debate en redes sociales con la Unión de Trabajadores de Salones de Juego de la Comunidad Valenciana (UTSJCV), animando a «ilegalizar este tipo de negocios y que se tipifique como delito quién se lucre de la gente con ludopatía».

Debate tenso en Les Corts

El debate de la Ley hoy en Les Corts se ha centrado en las formas más que en el fondo de la propia ley a debate y el presidente del parlamento, Enric Morera, ha dado cuenta del escrito presentado por Vox en contra del voto ponderado, informando de que este lunes se produciría el debate y la votación el jueves, tras la sesión de control al ‘president’. José María Llanos (Vox) ha calificado esto de una «absoluta barbaridad» al considerar que para ejercer el voto telemático había que hacerlo 24 horas antes del inicio del pleno, que entiende como una unidad aunque se prolongue durante tres días.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha reclamado también un informe de los letrados de la cámara para adoptar una decisión fundamentada «en criterios objetivos y jurídicos», mientras el socialista Manolo Mata ha recordado que el jueves se realizaría la votación de todos los puntos del orden del día y no solo este. Morera ha informado de que se estaba garantizando la seguridad jurídica y ha señalado tras una reunión en el hemiciclo con los portavoces que se votará el jueves, dando paso al inicio del debate sobre la nueva Ley del Juego.

En cuanto a la ley en sí, José Muñoz del grupo socialista, ha señalado que hoy es uno de esos días en los que uno se da cuenta «de la importancia de la política, de aguantar y resistir», ya que se ha «señalado a diputados» y luego «tiene consecuencias». Además, ha aludido a la concentración a las puertas de Les Corts contra la nueva ley «para intentar condicionar». El socialista se ha mostrado convencido de que esta nueva regulación no va a provocar la pérdida de puestos de trabajo. Además, ha incidido en que no se puede ligar la hostelería a la tenencia de máquinas tragaperras y, en todo caso, ha subrayado, que con esta ley «solo se pone un mando a distancia» para activarlas, como con las máquinas de tabaco. «Ha habido diálogo (con el sector) pero no podemos asumir todos los argumentos de una parte», ha indicado. 

Por su parte, Rubén Ibáñez del PP ha replicado que esta ley es «una loa a la inseguridad jurídica» y seguirá habiendo administraciones de loterías frente a colegios. «Es una vergüenza cómo pretenden recubrir de derechos la imposición y el cierre de una actividad económica», ha concluido. Ruth Merino (Cs) ha criticado que se han introducido en la ley cuestiones relevantes mediante enmiendas «para saltarse los controles» y que no se ha escuchado a todos los sectores afectados porque «reunirse no significa escuchar». La diputada ha criticado que va a tener «efectos económicos demoledores para lo poco efectiva que va a ser» y ha preguntado si este es el momento, «con miles de empresas en quiebra», de «condenar a hosteleros al cierre».

Norma restrictiva

Una norma con importantes restricciones para el sector que además afea que se quiera aprobar en plena pandemia del Covid-19 con una actividad hostelera muy afectada por la emergencia sanitaria.  La nueva normativa, que sustituye a la de 1988, establece una distancia mínima de 850 metros entre salones de juego y locales de apuestas con centros educativos o de salud pero excluye de esta medida a los locales de hostelería, que tendrán un máximo de dos máquinas de tipo B con un sistema de activación-desactivación por control remoto. También obligará a estos establecimientos a realizar un control de las personas que pueden jugar en estas máquinas. Además, en los próximos cuatro años no se concederán nuevos permisos para abrir casas de apuestas o colocar máquinas