Las presiones agrícolas a Ximo Puig amenazan con un agujero económico con los terrenos de Volkswagen

Las dos principales asociaciones agrarias de la provincia de Valencia han abierto un nuevo conflicto contra Ximo Puig a cuenta de los terrenos que utilizará la gigafactoría de Volkswagen. Desde el punto de vista de Ava-Asaja y La Unió, las expropiaciones se producen a un precio que oscila entre 10 y 15 euros mientras se vende 48,9 euros, lo que esquilma el patrimonio de los agricultores, según denuncian los afectados. La judicialización abre una nueva grieta con los agricultores de la Comunidad, que se une al enfrentamiento con los alicantinos por el trasvase Tajo-Segura y que pone en riesgo un nuevo agujero económico para la Generalitat.

Los datos del nuevo problema de Ximo Puig son los siguientes. Las expropiaciones de los terrenos donde se levantará la gigafactoría oscilan entre los 10 euros que se ofrece por los terrenos no productivos (caminos…) a 15 euros para los campos de cultivo. Carles Peris, secretario general de La Unió, cifra el precio de los terrenos sin producción agrícola en 16 euros por metro cuadrado mientras campos de naranjos, caquis y aguacates tendrían un precio de entre 25 y 40 euros.

En el menor de los casos, la diferencia entre el precio de expropiación propuesto por la empresa pública que vende el terreno a Volkswagen y el que piden los agricultores es de 10 euros, es decir, un total de 13 millones de euros de dinero adicional. En el peor de los casos, la diferencia sería de 25 euros, por lo que el agujero se elevaría por encima de los 32 millones de euros.

Expertos en obra pública y muy cercanos al proceso de la gigafactoría de Volkswagen explican a Economía Digital que entre el precio de 15 euros bruto (la mayoría del terreno es productivo) y el precio de coste 48,9 euros está ajustado ya que la multinacional alemana recibirá los terrenos urbanizados, con el coste que ello supone y con todas las instalaciones de agua, luz, gas… «Está el precio ajustado por lo que da la impresión que el beneficio que tendría que tener la Generalitat con esta operación debería ser cero al haberse calculado los precios eliminando los márgenes de beneficio», comentan.

Volkswagen ha comprado 1,3 millones de metros cuadrados, de los que se tendrán que descontar los terrenos para viales y servicios pero el precio medio de 48,9 euros el metro cuadrado ya contempla que la totalidad del terreno no será de uso industrial. El precio medio del terreno se calcula al dividir los 63,6 millones de euros pagados por los 1,3 millones de metros cuadrados brutos que tiene la parcela que se ocupará.

Las fuentes del sector de la obra pública consultadas matizan que si la planificación de la operación parte de la base de unos precios que no corresponden al justiprecio, las opciones de ganar en los tribunales las posturas de los agricultores es alta. Según explican en un comunicado conjunto la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió Llauradora i Ramadera, los afectados asesorados por ambas organizaciones profesionales agrarias, están empezando a recibir demandas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia por parte de Espais Econòmics Empresarials.

Esta empresa, participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, no acepta el justiprecio propuesto por el jurado provincial de expropiación, pese a ser un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de imparcialidad, veracidad y acierto, aseguran las organizaciones agrarias.

Desde las organizaciones agrarias se explica que en la primera ronda de expropiaciones en la zona, la que sirvió para Parc Sagunt I donde, por ejemplo, se ubica el centro logístico de Mercadona, el precio pagado en la expropiación se situó en 40 euros el metro cuadrado mientras que en las primeras expropiaciones de Parc Sagunt II se llegó a pagar 20 euros.

La oferta de 10 euros por metro cuadrado es considerada por los agricultores como una ofensa. Y, sobre todo, se rebelan ante la fuerza desplegada contra los agricultores. Aseguran que la administración va a destinar 145.000 euros de dinero público sólo para contratar los procuradores que se implicarán en esta pugna judicial contra los agricultores.

 La Asociación Valenciana de Agricultores (Ava-Asaja) y La Unió Llauradora i Ramadera acusan a la administración de “maltratar y negar un precio razonable” a los propietarios de los terrenos expropiados en Parc Sagunt II donde se proyectan la gigafactoría de Volkswagen y las industrias auxiliares. “Es indignante que nuestra Administración, por los compromisos políticos adquiridos con esta multinacional que incluyen una lluvia de ayudas millonarias, quiera que lo paguen los agricultores de sus bolsillos y estafarles hasta el último céntimo, sobre todo cuando están atravesando una dura crisis de rentabilidad y este proceso les arrebata un espacio fértil de alto valor económico”, denuncian el presidente de Ava-Asaja, Cristóbal Aguado, y el secretario general de La Unió, Carles Peris.

Según Peris y Aguado, “no es ético que la Administración pretenda regalar el patrimonio de los agricultores a otros. Parece que nuestros gobernantes quieren hacer negocio con los agricultores y ganarse unas generosas puertas giratorias en grandes empresas cuando acaben su etapa política”.

La Unió y Ava-asaja advierten de que o la Administración rectifica, echa atrás las demandas y acepta pagar ya el justiprecio marcado por el jurado a los propietarios, o el sector saldrá a la calle y emprenderá movilizaciones ante las autoridades y empresas que sean necesarias.