Patronal y sindicatos valencianos renuevan el pacto social que evita 16 millones de pérdidas vía el arbitraje

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han firmado su séptimo acuerdo para el tribunal de arbitraje laboral de manera que acumulan 20 años de sintonía con este instrumento que evita la judicialización de los conflictos laborales.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, incidió en que el sistema ha permitido ahorrar 16 millones de euros de costes y se han desconvocado cerca de 800.000 horas de huelga a través del diálogo bipartito entre patronal y sindicatos. Este órgano de arbitraje busca evitar la judicialización de los conflictos laborales y permite alcanzar acuerdos en la interpretación de los convenios laborales. 

Tal y como dejó claro el conseller de Economía, Rafael Climent (Compromís), el papel de la política en este terreno es inocuo. “Estoy como fedatario del acuerdo que firman patronal y sindicatos y para felicitarles por el diálogo continuo que tienen para llegar a acuerdos que mejoran nuestra sociedad en el ámbito laboral”, dijo a modo de presentación. 

Salvador Navarro se centró en la sintonía institucional que hay entre patronal y sindicatos. “El diálogo social en una sociedad madura es fundamental. No sólo hay que tenerlo con la administración sino con las patas fundamentales de la sociedad civil, que somos los trabajadores y las empresas”. 

La existencia de este diálogo, explicó Navarro, se prolonga más allá de la situación vivida en la pandemia y es especialmente significativo en la Comunidad Valenciana. “Hemos sido capaces de llegar a acuerdos por el interés general, y no sólo por una parte o por la otra, ya que al final somos parte de una sociedad en la que tenemos la madurez suficiente para saber cuándo tenemos que ceder”, declaró el presidente de la patronal.

Desde la parte sindical se coincidió en el fondo de la materia, la necesidad de acuerdo entre empresarios y trabajadores, mientras se tomó vías distintas en lo político. Mientras los empresarios aseguran que este diálogo social lleva 20 años en la Comunidad Valenciana sin que la administración intervenga, los sindicatos buscaron la crítica a los partidos que no gobierna en Valencia y sí en otras comunidades autónomas. 

Ana García, secretaria general de Comisiones Obreras, calificó el tribunal de arbitraje laboral como un “instrumento fundamental para llegar a un acuerdo en el ámbito laboral para interpretar normas como los convenios y procedimientos de huelgas en las empresas. Es un paso previo a la judicialización y es fundamental que se busque el diálogo”. Incluso destacó el avance las mediaciones de manera telemática. 

Su tinte político fue el siguiente: “Destaco el buen hacer que tenemos en la Comunidad Valenciana en el diálogo social y que, lamentablemente, en otras comunidades autónomas no está ocurriendo, como es el caso de Castilla y León. Lo que se está haciendo con el gobierno de la derecha y la extrema derecha es un ataque a esa necesidad de alcanzar acuerdos cuando se producen conflictos en el área laboral”. 

Ismael Saez, secretario general de UGT, recorrió la misma senda: “La administración cumple el papel que le corresponde. La presencia del conseller obedece al impulso de esta institución que beneficia a toda la sociedad. Hay que contraponer a otras nuevas formas que consideran que el diálogo no es una ventaja sino un obstáculo y que la defensa de intereses de los trabajadores perjudica al interés general”. 

Respecto al acuerdo en sí, desde UGT se destacó que sirve para “canalizar de manera civilizada los conflictos inevitables entre empresas y trabajadores, con intereses contrapuestos y también intereses comunes porque al final la empresa es de todos”.