El gobierno de Mazón da por hecho que pagará las 135 subvenciones pendientes a las pymes

Las 135 pymes valencianas que se han quedado sin 8,6 millones de euros por falta de disponibilidad presupuestaria, tal y como publicó ayer ECONOMÍA DIGITAL, acabarán teniendo los fondos públicos a los optaron. Esta es la hoja de ruta marcada por el gobierno de Mazón que está buscando las fórmulas para compensar la falta de dotación presupuestaria en esta línea de ayudas que es achacable al anterior ejecutivo de Ximo Puig en la medida de que fue quien diseñó el presupuesto.

Según explican a este periódico fuentes de la consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, se da por hecho que la Generalitat podrá abonar las subvenciones de las 135 pymes que, pese a contar con la puntuación requerida para obtener la ayuda pública, no han podido recibirla por falta de disponibilidad presupuestaria. 

Los cálculos internos que manejaba ayer la conselleria es que la mitad de los 8,6 millones de euros ya se podrían poner a disposición de las empresas. “Se está trabajando para reunir todo el dinero que hace falta y tenemos la convicción de que lo vamos a conseguir por que los técnicos nos han dicho que es factible”, explican las citadas fuentes.

La convocatoria diseñada por el Botànic se publicó el 27 de diciembre de 2022 con el objetivo de repartir las ayudas de 2023 de manera anticipada. Las prisas en estas ayudas por parte de Rafael Climent, conseller de Industria por Compromís, se debieron a la voluntad de «apoyar la realización de proyectos de inversión que mejoren la competitividad industrial de las pymes de la Comunitat Valenciana».

El paso de las elecciones dejó esta convocatoria aparcada y, tal y como denunciaron desde las patronales, creció la preocupación respecto al colapso en esta ayuda. Tras la toma de posesión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, la concesión de estas subvenciones se volvió a poner encima de la mesa y el 1 de agosto se firmó la resolución de la concesión de las mismas.

La convocatoria firmada por Climent contemplaba un presupuesto de 44,39 millones a los que se podía añadir otros 20 millones sin necesidad de sacar una nueva convocatoria. Esto permite, por ejemplo, añadir el presupuesto que haga falta para conceder las ayudas a todo aquel que tenga derecho por cumplir las bases de la convocatoria.

Según explican fuentes conocedoras de la complejidad burocrática que supone este tipo de líneas de ayudas a las empresas, desde que se conoce la necesidad de mayores fondos (la resolución de las ayudas fue el 1 de agosto) hasta que se produce la disponibilidad presupuestaria (que en la convocatoria tiene como fecha límite el 13 de octubre) hay que fiscalizar la propuesta y obtener los informes necesarios que se requieren, lo que impide una respuesta inmediata que permita realizar el pago de las ayudas.

La última resolución al respecto de la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo indica que «se podrá dictar una resolución de concesión complementaria y adicional a la presente, sin necesidad de abrir nuevo periodo de presentación de solicitudes, siguiendo el orden establecido en la lista de reserva aprobada, una vez excluidas las empresas que no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y en su caso, aquellas que no confirmen expresamente, previo requerimiento, que van a realizar la inversión para la que solicitaron la ayuda».

También se incluye en la resolución la fecha del 13 de octubre como día límite para lograr la disponibilidad presupuestaria y el 15 de noviembre como nuevo plazo máximo de justificación de las ayuda en las que no se podrá superar en ningún caso la nueva disponibilidad presupuestaria.