Los trabajadores se rebelan contra la Ley del Juego

La nueva Ley del Juego que se votará la próxima semana en Les Corts está generando indignación​ en miles de negocios y familias que ven peligrar su futuro en un momento donde sectores como la hostelería están siendo duramente golpeados. Y no solo los empresarios están alzando la voz contra esta Ley, también los trabajadores se han unido para pedir explicaciones al Gobierno del Botànic.

Este mismo viernes representantes de la Unión de Trabajadores de Salones de Juego de la Comunidad Valenciana (UTSJCV), la entidad que agrupa a los empleados de los 426 salones de juego de la región, han entregado este viernes 1.630 firmas al presidente de Les Corts, Enric Morera, contra la formulación de la nueva Ley del Juego, que se votará en pleno la próxima semana. Este colectivo se suma a las voces discordante y  ha lamentado en un comunicado que con el texto planteado «los salones que no se encuentren a más de 850 metros de cualquier centro educativo o sanitario y a más de 500 metros de otro salón de juego deberán cerrar la persiana cuando finalice la vigencia de la autorización que se les concedió antes de que la nueva ley entre en vigor».

A su juicio, es una disposición que «genera una terrible inseguridad jurídica» y hará que «un 95% de los salones tendrá que cerrar y los que se mantengan abiertos o los nuevos que se abran cumpliendo las previsiones de la nueva normativa, deberán cerrar si más adelante se construye a menos de 850 metros un nuevo centro educativo o sanitario», según han señalado.

Estos trabajadores afirman contar con el apoyo de la UGT, cuyo responsable estatal de juego, Miguel Ángel Rodríguez, ha defendido la necesidad de incrementar los controles de acceso a los salones «pero no su cierre». Los empleados aseguran que se cumple la normativa y se impide a menores y a quienes tienen prohibida la entrada poder acceder a estos locales, tal y como «lo ha reconocido la propia Generalitat en su último informe sobre el juego, que reconoce no haber sancionado a ningún salón por este motivo».

Además, han lamentado que se haya «aprovechado» el estado de alarma para llevar la ley al pleno: «Ha sido muy difícil recoger todas estas firmas teniendo en cuenta que el estado de alarma nos impide reunirnos. Pero lo que más nos duele es que al llevar a este pleno la ley, los partidos de izquierdas nos impiden ejercer nuestro derecho a la huelga y a la manifestación, no salimos de nuestro asombro».