El mapa de la sanidad pública cambiará un poco más a partir de octubre de 2021 cuando el Hospital de Torrevieja se revierta y la gestión del departamento de salud vuelva a ser pública. Se trata de la segunda vez que el gobierno del Botánic lleva adelante un cambio en la titularidad de la gestión de un hospital, tal como ya pasó en 2018 en Alzira. Una decisión que ha colocada a la sanidad, en medio de la pandemia del Covid, en el centro del debate por una decisión que algunos creen que sigue más criterios políticos que sanitarios.
Incomprensible decisión
La primera reacción contraria ha llegado desde el propio hospital donde la gerente del Departamento de Salud de Torrevieja, Eva Baró, ha explicado que «La incomprensible decisión de la Conselleria de Sanidad de no prorrogar el contrato de concesión, no se justifica ni por términos de eficiencia, ni por términos de calidad, ni por lo más importante, por los resultados de salud en la población».
En su opinión, «existen informes oficiales y auditorías de todo tipo, como el informe del Síndic de Comptes, que avalan que Torrevieja es el departamento de salud con menos lista de espera de la Comunitat Valenciana, con mayor esperanza de vida, con mayor inversión por habitante y con una gestión más eficiente que ahorra dinero al gobierno valenciano».
Ante esta realidad, la gente se ha preguntado «para qué sirven estos informes oficiales si las decisiones políticas no los tienen en cuenta». Además, ha recordado que durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid se «ha puesto en evidencia la importancia de la colaboración público-privada, tal y como dijo el presidente de la Generalitat hace apenas tres días en los actos de celebración del 9 d’Octubre». Sin embargo, ha lamentado lo «poco» que le ha durado al president Puig «su llamamiento a la colaboración” para salir de esta crisis sanitaria, económica y social.
Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha mostrado su rechazo a la decisión de la consellera ya que “cometerán un error, como sucedió con el Hospital de Alzira”. En este sentido ha querido insistir en la idea de que “la sanidad en este país es pública”, pero «puede haber hospitales públicos con gestión privada y eso no significa privatizar la sanidad». Además, ha recordado que la encuestas demuestran que los usuarios tienen un “muy alto concepto de la sanidad que se hace allí”, pero al final “el que legisla es el que tiene la capacidad de legislar en contra de unas opiniones o de otras», ha concluido.
“Otra chapuza”
La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha rechazado la reversión alertado de que estamos ante «otra chapuza», como la de La Ribera, que solo se entiende como un episodio más de “propaganda” del gobierno de Ximo Puig. Además ha cuestionado que la decisión responda a criterios sanitarios o a políticos, ya que ha recordado las contradicciones del discurso del presidente de la Generalitat que en el 9 d’Octubre «defendió la colaboración público-privada”. En este sentido se ha preguntado por qué “con unas empresas sí y con otras no, ¿Por qué le parece bien IMED y no Ribera Salud?», ha sentenciado.
Por otro lado, espera que «no pase lo mismo que en Alzira, donde han triplicado las listas de espera a pesar de duplicar el personal, se han eliminado y empeorado los servicios, las urgencias están colapsadas y la semana pasada dimitió la gerente», ha comentado Bonig. En este sentido, la presidenta ha criticado la «falta de consideración» con los trabajadores y los alcaldes de los municipios afectados de la Vega Baja ya que ve inaudito que se hayan «enterado por los medios de comunicación».
Desprecio a la iniciativa privada
Desde Ciudadanos, su portavoz en Les Corts, Toni Cantó, ha lamentado esta decisión que ha calificado como “un desprecio” a la iniciativa privada y “un error que va a costar caro a los valencianos”. Además, ha cuestionado la necesidad de un departamento completamente público, cuando la Sindicatura de Comptes estimó en un 30% el ahorro en el coste con la gestión privada, «un dinero que se ahorraban los valencianos y que ahora tendrán que pagar», ha señalado.
En este sentido, ha recordado el proceso de reversión que ya se vivió en el departamento de La Ribera, en Alzira, en 2018, y que, en su opinión ha deteriorado la atención a los pacientes en esa zona. Así, ha señalado que en Alzira «todos los números indican un crecimiento de las listas de espera y de los contratos para dar el mismo servicio». «En el momento económico que afronta ahora la Comunitat Valenciana no se puede despreciar ni alejar a la iniciativa privada, todo lo contrario: potenciar la colaboración».
Cumpliendo compromisos
Por el contrario, desde el PSPV se ha defendido la decisión de la consellera ya que «sigue cumpliendo con todos sus compromisos» al anunciar la reversión a gestión pública. Tal y como ha explicado la portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Carmen Martínez, «cuando acaba un contrato, cualquier administración pública es la que presta ese servicio».
La socialista ha prometido que la Conselleria de Sanidad llevará a cabo el proceso «con las mayores garantías jurídicas y de calidad» para una mejor atención a los usuarios. «Vamos a seguir trabajando en un ámbito tan importante como la sanidad, sobre todo en un caso en el que se está viendo que los recortes de otros tiempos han llevado a que el departamento tenga dificultades», ha sentenciado.
Por parte, desde Compromís, su portavoz en Les Corts, Fran Ferri, ha asegurado que esta decisión les alegra porque llevan «mucho tiempo defendiendo que la mejor gestión sanitaria es la que se hace directamente, para que esté democratizada y controlada por el poder público».
«Al final, no podemos permitir que la salud se convierta en un negocio», ha recalcado para denunciar a continuación que era una situación que «estaba pasando con esas privatizaciones que hizo el PP». Unos contratos que, según Ferri, beneficiaban a unas multinacionales que «ni siquiera tenían arraigo en la tierra, prestaban unos servicios mínimos para ganar mucho dinero mientras sobrecargaban los hospitales».
Desde Unides Podem, la diputada Irene Gómez ha señalado que no pueden estar «más que satisfechas» porque la sanidad pública es un pilar del Estado del Bienestar, tras destacar que su partido ha realizado «mucha presión» para cumplir lo pactado en el Acord del Botànic. «La sanidad pública siempre tiene que estar al servicio de los ciudadanos», ha defendido, ahora más que nunca con el coronavirus. A la vez que ha afirmado que «los trabajadores estarán satisfechos con esta vuelta a lo público de sus puestos de trabajo».
