El Puerto amortigua con la agroalimentación la crisis del coronavirus

La crisis del coronavirus está afectando al tráfico internacional de mercancías, pero los puertos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) están atenuando su impacto gracias a la diversificación de sectores en los que trabaja. Como adelantó el presidente de la institución, Aurelio Martínez, se ha producido un descenso del 4% en la actividad en marzo, debido a la ralentización de la actividad con productos de los sectores industriales, como el químico, el siderometalúrgico o las maderas.

Sin embargo, la institución destaca que estas últimas semanas se ha registrado un notable incremento del tráfico de mercancías del sector agroalimentario y de productos de higiene. En concreto, estos sectores están registrando crecimientos diarios medios superiores al 15%, con máximos puntuales superiores al 40%, e incrementos de dos dígitos con respecto a los mismos días del ejercicio 2019.

Martínez destaca que todos los servicios portuarios están trabajando «al cien por cien para el abastecimiento de los ciudadanos», como les trasladó a los Reyes Don Felipe y Doña Letizia a través de una videoconferencia que compartió el presidente de la APV y su jefa del Gabinete, Marta Villalonga, para comprobar el mantenimiento de la cadena de suministro en el puerto de la capital valenciana.

TRABAJO ESENCIAL

En estos días, con el Covid-19, se observa «el papel crítico que están jugando a la hora de garantizar los productos de primera necesidad para abastecer nuestros mercados o llevar estos suministros a las comunidades insulares, que han experimentado espectaculares crecimientos en los tráficos».

El responsable de la infraestructura portuaria también detalló a los Reyes que, detrás de los flujos de bienes, «hay toda una comunidad portuaria que hace posible su recepción y traslado a los centros de consumo, como estibadores, camioneros, prácticos, amarradores, remolcadores, policía portuaria, mantenimiento, navieras, transitarios y agentes de aduanas, servicios de inspección en frontera, personal de la APV, etc., que no han dejado de trabajar durante turnos 24 horas para los servicios de recepción y entrega en todas las terminales para garantizar el abastecimiento en las cadenas de suministro».

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

La actual situación ha hecho que el Consejo de Administración haya aprobado en su último pleno, que celebró de forma telemática, la delegación en el presidente de sus competencias mientras permanezca en vigor el actual Estado de Alarma. Esta medida se toma en función de las ‘Recomendaciones de actuación para las autoridades portuarias ante la crisis creada por el COVID-19 y medidas adoptadas por Puertos del Estado’ del pasado 18 de marzo de 2020.

El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece en la Disposición Adicional Tercera la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público hasta que finalice la vigencia del estado de alarma, reanudándose los plazos a partir de ese momento, ha recordado.

No obstante y de acuerdo con el punto 3 de dicha Disposición Adicional Tercera, «el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo», ha señalado la APV.

SACAR ADELANTE INVERSIONES MADURAS

El presidente de la APV y catedrático de economía prevé que en la crisis económica provocada por el coronavirus «la caída sea muy fuerte» pero «la recuperación sea más rápida» que en la de 2008. Además, ha pedido una «acción coordinada simultánea» entre todas las administraciones para sacar adelante todos los planes de inversión y que estos estén lo «suficientemente maduros» para que se pueda arrastrar a la inversión privada.

Así lo defendió a principios de esta semana durante su intervención en una videoconferencia organizada por la Fundación Valenciaport titulada ‘Coronavirus y economía. Entender la crisis’, que contó con la inscripción de 650 personas. Respecto a la acción coordinada, Martínez ha expuesto que con esta medida se contribuirá a «hacer lo más breve posible» la crisis del coronavirus, «porque es responsabilidad de todos contribuir a evitar el cierre de empresas, que fue la principal consecuencia que tuvo la crisis financiera de 2008».

«En 2008 asistimos a una crisis financiera que provocó el colapso del sistema, el sector privado estaba muy endeudado y las restricciones en el crédito generaron crisis de liquidez y una fuerte destrucción de empresas. Además, se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria. La crisis tuvo forma de W, con una caída total del PIB algo superior al 9%», señaló.

Por contra, en la actualidad «no estamos ante una crisis financiera y «el nivel de endeudamiento privado es muy bajo», sin una restricción al crédito además, destacó, antes de poner el foco también en la «baja inflación y superávit exterior». Por ello, según Aurelio Martínez, «previsiblemente la crisis tendrá forma de V con una mejora suave en el tercer y cuarto trimestre de 2019». «A pesar de ello, la caída del PIB en 2020 puede ser algo superior al 11% pero creo que podemos recuperar ese descenso a finales de 2021», ha añadido.

IMPACTO DE UN MÍNIMO DE 150.000 MILLONES

A partir de diferentes estudios económicos, el presidente de la APV ha afirmado que el impacto inicial del coronavirus en España puede rondar entre un mínimo de 150.000 millones y un máximo de 250.000 millones de euros. Martínez puso el foco en que en la crisis de 2008 España «tuvo 17 trimestres negativos» y por eso tardó nueve años en recuperar el PIB. «En este caso, lo previsible es que la caída sea muy fuerte y que la recuperación sea más rápida», afirmó.

El catedrático de Economía cree que, «dado que no hay pérdida del tejido productivo, el PIB podría recuperarse en un plazo de dos años». Así, apuntó que entre el tercer y cuarto trimestre de 2021 podríamos haber recuperado los datos del último trimestre de 2019. También indicó que «la clave del coste final de la crisis está en la recuperación» y cogió como ejemplo a China, aunque reconoció que es una economía muy diferente a la española.

«Actualmente, las expectativas comerciales de China están mejorando, aunque los indicadores del sector servicios continúan contrayéndose, la demanda sigue siendo limitada. En ocho semanas la actividad industrial ya funciona al 80 por ciento, dato que ya queda reflejado en el tráfico portuario. En definitiva, las señales indican una larga convergencia a una situación normal, pero más rápida de lo esperado», ilustró.

MEDIDAS A ADOPTAR

Asimismo, defendió que «sin una solución sanitaria no puede haber solución económica porque, precisamente, el retorno a la confianza se basa en la solución sanitaria y además esta solución debe ir acompañada de una planificación clara y contundente respecto a lo que pueda pasar el próximo invierno».

En este sentido, señaló que «la intervención en la economía debe ser masiva ya que el impacto económico también lo va a ser, es necesario que haya una coordinación estrecha entre política monetaria y fiscal y es necesario que la UE actúe coordinadamente porque, en caso contrario, el impacto negativo será más perceptible y duradero».

En su intervención, Martínez también expuso los objetivos económicos que deberían marcarse a corto plazo y que pasan por impulsar el consumo mediante medidas de apoyo a las familias en situación precaria y garantizar los ingresos a los trabajadores. Abogó por salvar el tejido empresarial apoyando con toda la liquidez a las empresas que lo necesiten y posponiendo el tiempo que sea necesario los pagos de impuestos para evitar que las quiebras de empresas arrastren al sistema financiero. Martínez también defendió que es necesario evitar a toda costa el colapso de la infraestructura turística e impedir la adquisición de las grandes empresas españolas a precio de saldo.

Respecto a la política económica, Martínez considera que «debe incrementar toda la liquidez necesaria al sistema, dando financiación de apoyo a las empresas viables y asumiendo el riesgo de dicho apoyo con tipos de interés que deben estar en el entorno del 0%». Asimismo, respecto a la política presupuestaria y fiscal, Martínez aboga por «aumentar el gasto social, disminuir temporalmente la carga fiscal tanto a empresas como a particulares, invertir en sanidad, investigación y en el sistema epidemiológico».

En su intervención, el presidente de la APV explicó que, a pesar de todas estas medidas, es previsible una caída muy considerable del PIB en el primer y segundo trimestre del 2020 que puede superar el 11%, una suave recuperación a partir del tercer trimestre, un déficit fiscal que puede superar el 15% del PIB en 2020, un cierre de entre el 5% y el 10% de las empresas que llevará aparejado un incremento de 1,5 millones de desempleados a finales de año y un incremento del déficit exterior, que puede compensarse en parte por el petróleo.